Con el objetivo de evidenciar el uso de recursos públicos en la regulación fronteriza, la organización de derechos civiles Mijente inició este lunes una campaña nacional que abarca 31 ciudades de Estados Unidos con más de 200 vallas publicitarias.
Bajo el lema «ICE nos cuesta», este proyecto pretende destacar las consecuencias económicas y sociales de las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuestionando las prioridades en el presupuesto federal.
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El coste de la política fronteriza
Los anuncios, visibles durante un mes en grandes ciudades como Chicago, Los Ángeles, Boston, San Antonio y Miami, muestran imágenes de agentes con equipamiento militar y detenciones de inmigrantes. El mensaje principal es claro: «Tus impuestos se destinan de forma inapropiada».
Según Mijente, el presupuesto anual de ICE es de 28.000 millones de dólares, cifra que contrasta con las necesidades sociales no atendidas en la población.
«Durante mucho tiempo, nuestro gobierno ha privilegiado la construcción de retenes y la inversión millonaria en un sistema de control migratorio que ha causado daños familiares», expresó Marisa Franco, cofundadora de Mijente.
Aspectos destacados de la campaña
La iniciativa subraya varios datos relevantes sobre la situación actual:
- Incremento en equipo militar: Mijente señala que la inversión en material bélico para ICE ha aumentado un 600 % recientemente.
- Salud versus control fronterizo: Algunos anuncios comparan los recursos asignados a la agencia con los 17 millones de personas que podrían perder Medicaid debido a ajustes presupuestarios bajo la administración de Donald Trump.
- Repercusión económica: Franco indicó que, mientras millones de estadounidenses enfrentan dificultades económicas diarias, ICE opera con un presupuesto prácticamente ilimitado que no contribuye a la estabilidad financiera de las comunidades.
Mensajes destacados
Entre los lemas más visibles que se observan en las calles están:
- «Financiar a ICE contribuye al avance de políticas autoritarias».
- «Se destinan miles de millones a ICE para acciones represivas; mientras tanto, la población enfrenta despidos y aumentos en el costo de la vivienda».
La campaña no solo pretende informar, sino también demandar un cambio en la política migratoria, privilegiando la inversión en el bienestar social sobre la militarización de la frontera.
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