El presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido extender de forma considerable el listado de países cuyos ciudadanos tienen prohibido ingresar a Estados Unidos. Esta medida responde a crecientes inquietudes sobre la seguridad nacional tras un ataque reciente que ha impactado al país.
La nueva prohibición afecta a personas provenientes de siete naciones, con énfasis en países de África y Oriente Medio. También incluye a quienes poseen documentos expedidos por la Autoridad Nacional Palestina, complicando aún más su acceso al territorio estadounidense.
El endurecimiento de esta política fue motivado por incidentes recientes, como el ataque en Washington llevado a cabo por un asilado afgano, que provocó la muerte de un miembro de la Guardia Nacional. Trump ha declarado que proteger a los ciudadanos estadounidenses frente a amenazas potenciales es su responsabilidad principal.
Mediante una orden ejecutiva firmada el martes pasado, se prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Malí, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria. Esta decisión se fundamenta en razones relacionadas con la seguridad nacional.
La administración Trump ha sido objeto de debate y controversia debido a su enfoque migratorio. La orden también restringe el ingreso a personas que usen documentos de viaje emitidos por la Autoridad Nacional Palestina, una medida que se había anticipado previamente tras la denegación de visados a funcionarios palestinos que pretendían asistir a eventos internacionales en Nueva York.
Además de estas siete naciones, se han impuesto limitaciones parciales para otros 15 países, entre los cuales se encuentran Angola, Nigeria y Cuba, entre otros.
En junio del año anterior, Trump ya había aplicado un veto similar que afectaba a 12 países, muchos de los cuales continúan en la lista de restricciones. Las naciones incluidas comparten situaciones políticas complejas y reportes de violaciones a derechos humanos.
Desde la administración se argumenta que estas medidas son necesarias para asegurar la protección nacional, debido a las dudas sobre la capacidad de los sistemas de vigilancia y verificación de antecedentes en dichos países. Trump indicó que la insuficiente información sobre estas personas justifica limitar su ingreso a Estados Unidos.
A pesar de la controversia que generan estas decisiones, el gobierno sostiene que la seguridad de sus ciudadanos es prioritaria. No obstante, la administración ha enfrentado diversos desafíos legales en sus esfuerzos por implantar estas políticas migratorias restrictivas.
