La ministra de Sanidad confirma que el decreto contra las consecuencias de la guerra en Irán incluirá medidas para el alquiler, aunque el ministro de Justicia muestra reservas.
Este miércoles, a la salida del Congreso de los Diputados, se puso de manifiesto la tensión en la coalición de Gobierno debido al próximo Consejo de Ministros extraordinario. Lo que sería una comparecencia habitual se transformó en un reflejo de las negociaciones entre PSOE y Sumar para definir el nuevo paquete de medidas frente a la crisis energética y económica derivada del conflicto en Irán.
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La firme afirmación de Sumar
Ante preguntas de la prensa sobre si el decreto a aprobarse este viernes incorporará las demandas de Sumar en materia de vivienda y protección de los inquilinos, la ministra de Sanidad, Mónica García, respondió con un rotundo: “Seguro”.
Con esta declaración, la portavoz de Sumar daba por sentado que el PSOE se habría comprometido a mantener o extender las medidas para controlar los precios del alquiler dentro del nuevo escudo social.
La respuesta de Bolaños: Precaución y tono distendido
Sin embargo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, matizó rápidamente esta afirmación. Con una sonrisa, dirigió la palabra a su compañera de gabinete para aclarar la situación:
“No es tan seguro”, dijo Bolaños, dejando claro que el pacto aún no se ha formalizado.
Aunque el momento tuvo un tono relajado, el titular de Justicia quiso moderar el descontento señalando que, aunque no está garantizado, los equipos “trabajarán el tema” durante las próximas 48 horas antes de la reunión extraordinaria del Ejecutivo.
Un decreto para mitigar la «crisis de Irán»
El Gobierno tiene planificado aprobar este viernes un conjunto de medidas urgentes ante la subida de precios y la incertidumbre internacional causada por la guerra en Irán. Mientras que el PSOE prefiere enfocarse en acciones energéticas y fiscales, Sumar insiste en que el «escudo social» no estará completo sin intervenir el mercado inmobiliario para garantizar la protección de las familias más vulnerables.
Este incidente refleja la compleja negociación que se está desarrollando en La Moncloa en un corto plazo, donde cada detalle y gesto tiene peso antes de la ratificación final del decreto.
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