Tras un año de estancamiento legislativo, la Comisión de Interior vota una reforma que establece un límite único para todos los conductores y prohíbe la difusión de avisos sobre controles en redes sociales.
Este miércoles 18 de marzo de 2026 supone un momento clave en la regulación de la seguridad vial en España. El Congreso de los Diputados somete a consideración una proposición de ley destinada a reducir los límites permitidos de alcoholemia, una iniciativa que el Gobierno considera urgente con el objetivo de disminuir de forma significativa los accidentes en carretera.
¿Qué modificaciones introduce la nueva legislación?
La propuesta busca simplificar y endurecer la normativa vigente, suprimiendo las diferencias entre distintos tipos de conductores. Los puntos principales son:
- Reducción del límite: El máximo permitido se reducirá de 0,5 g/l a 0,2 g/l en sangre, y de 0,25 mg/l a 0,1 mg/l en aire espirado.
- Un único límite: Se eliminará la distinción entre conductores habituales, noveles y profesionales. El tope de 0,2 g/l se aplicará a todos por igual.
- Prohibición de avisos sobre controles: La ley impedirá la publicación o difusión en redes sociales y aplicaciones móviles de la ubicación de controles policiales relacionados con alcohol y drogas.
El «compromiso ético» frente a los datos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto al director de la DGT, Pere Navarro, han impulsado la aprobación de esta normativa, que estuvo paralizada desde marzo de 2025. La justificación se apoya en estadísticas toxicológicas: el 48% de los conductores fallecidos en accidentes el año pasado presentaban consumo de alcohol, drogas o psicofármacos.
“No existe motivo válido para demorar más esta reforma”, destacó Marlaska, enfatizando que el riesgo de sufrir un accidente mortal aumenta hasta el triple incluso con niveles bajos (entre 0,1 y 0,5 g/l).
Diferencias políticas en el Congreso
Aunque partidos como Sumar, ERC, Junts y PNV apoyan la iniciativa, no cuenta con unanimidad entre los grupos de oposición:
- Partido Popular: Se abstuvo al comienzo del trámite, calificando la propuesta como una “cortina de humo efectista” para desviar la atención de problemas en la gestión de la DGT.
- Vox: Rechaza frontalmente la medida, acusando al Gobierno de criminalizar al conductor y de utilizar la seguridad vial como herramienta ideológica.
- PSOE: Defiende la reforma, señalando que España se alinea así con países de referencia en seguridad vial como Suecia y Noruega.
Si hoy recibe luz verde en la Comisión de Interior, que cuenta con competencia legislativa plena, la reforma avanzará hacia su etapa final para su pronta implementación, modificando los hábitos relacionados con el consumo de alcohol y la conducción en todo el territorio nacional.
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