La gestión de la crisis migratoria ha vuelto a generar fricciones entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas. El Consejo de Ministros aprobó un decreto para trasladar a menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades, excepto Cataluña y País Vasco, lo que ha provocado un intenso debate político con críticas mutuas entre el gobierno y la oposición.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, defendió esta decisión apelando a la «solidaridad obligatoria» entre las regiones e indicó que, en caso de que alguna comunidad rechace acoger a los menores, se podría recurrir a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, calificó de «xenófobas» las posturas adoptadas por los gobiernos autonómicos del PP.
“Estos menores migrantes son iguales a los que provienen de Ucrania. ¿Por qué se percibe de manera diferente a los niños africanos?”, manifestó en una entrevista para la radio pública.
Por su parte, el Partido Popular respondió rápidamente desde su sede en Génova, calificando las palabras del ministro como «racistas» y acusando al Gobierno de utilizar a los menores como una «moneda de cambio», especialmente por la exclusión de Cataluña y País Vasco del reparto. Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales, subrayó que “el PP siempre cumple con la ley, sobre todo cuando se trata de garantizar condiciones dignas para menores que han llegado en circunstancias difíciles”.
Algunas comunidades ya han expresado rechazo al decreto e incluso han planteado acciones legales. Madrid presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, mientras que Baleares evalúa alternativas legales argumentando que sus centros de acogida están saturados en un «1.000%». Asimismo, gobiernos de signo socialista, como el de Castilla-La Mancha, destacan que el principal problema no es la voluntad de acoger, sino la escasez de recursos humanos y materiales.
Este nuevo enfrentamiento se suma a una agenda política ya cargada por otros asuntos, como los incendios forestales, las disputas en el Senado y los debates sobre defensa. De este modo, la gestión migratoria se posiciona como una de las principales fuentes de conflicto entre el Gobierno central y las autonomías.
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