El grupo parlamentario celebra la aprobación de la medida extraordinaria para medio millón de personas, pero critica la demora del PSOE y califica los centros de internamiento como «cárceles racistas».
El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha elevado el tono de exigencia hacia el Ministerio del Interior tras el acuerdo alcanzado para la regularización extraordinaria de inmigrantes. Durante una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, el diputado Alberto Ibáñez Mezquita ha reclamado al ministro Fernando Grande-Marlaska que «dé un paso más» y proceda al cierre definitivo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Ibáñez ha vinculado la política migratoria nacional con el contexto internacional, señalando una supuesta incoherencia en la postura del Ejecutivo. «No se puede tener un gran discurso contra Donald Trump y permitir que en España haya cárceles racistas», ha esgrimido el diputado, quien ha lamentado que existan personas «con miedo de ser encarceladas sin haber cometido ningún delito», en referencia a los internamientos por causas administrativas.
Críticas al PSOE por la demora en la regularización
A pesar de las exigencias en materia de infraestructuras, Sumar ha celebrado el desbloqueo de la regularización extraordinaria que afectará a más de medio millón de personas residentes en España. La medida, que se aprueba este martes en el Consejo de Ministros mediante real decreto, ha sido calificada por Ibáñez como una «noticia imprescindible», aunque ha reprochado al Partido Socialista que el proceso haya «tardado demasiado».
El diputado ha subrayado que muchos de los beneficiarios ya trabajan en el país, pero carecían de derechos reconocidos hasta la fecha. Si bien ha admitido que lo «deseable» habría sido que la medida pasara por el Congreso, ha priorizado la urgencia de su entrada en vigor frente a las formas parlamentarias.
Un acuerdo por «humanidad básica»
En la misma línea se ha manifestado el diputado Gerardo Pisarello, quien ha defendido la cobertura legal y reglamentaria del Ejecutivo para aprobar esta cuestión por vía de urgencia. Pisarello ha enmarcado el acuerdo con el PSOE dentro de «razones de humanidad básica», presentándolo como un dique de contención frente a lo que denomina una «ola reaccionaria» que busca dividir a los trabajadores según su origen.
La formación subraya que esta regularización no es solo una cuestión de justicia social, sino un imperativo ante la realidad laboral y de convivencia en España, instando al Gobierno a no detenerse en este punto y profundizar en la reforma del sistema de acogida e internamiento.
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