La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro miembros de ETA a 74 años y cuatro meses de cárcel por intentar asesinar a los periodistas Aurora Intxausti y Juan Palomo, junto a su hijo de 18 meses, el 10 de noviembre de 2000. El ataque fue planeado mediante la colocación de una bomba en la puerta de su vivienda en San Sebastián.
Durante el juicio, los acusados confesaron haber participado en la colocación del artefacto explosivo, que afortunadamente no llegó a detonar debido a un fallo técnico. La fiscalía había solicitado esta condena, aunque el límite legal máximo aplicable es de 30 años de prisión para cada uno. Los acusados ya habían cumplido este periodo por otras condenas relacionadas con ETA.
Los condenados, Imanol Miner Villanueva, Asier García Justo, Jon Zubiaurre Aguirre y Patxi Xabier Macazaga Azurmendi, fueron encontrados culpables de tres delitos de asesinato y estragos terroristas en grado de tentativa. Miner, García y Zubiaurre fueron considerados autores materiales, mientras que Macazaga fue identificado como el inductor.
Además de la pena de prisión, se les ha prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas durante cinco años y se les ha ordenado indemnizar a Aurora Intxausti con más de 150.000 euros y a Juan Palomo con 75.000 euros. La Sala destacó el daño moral sufrido por las víctimas, quienes tuvieron que abandonar su hogar y cambiar su vida tras el intento de atentado.
El tribunal subrayó que el ataque generó un temor fundado en las víctimas, obligándolas a mudarse y a vivir bajo protección policial cada vez que regresaban al País Vasco. Este caso es un recordatorio del clima de inseguridad que vivieron muchos periodistas durante los años de actividad de ETA.
El intento de atentado falló debido a un error en la conexión entre el detonador y el explosivo, compuesto por dos kilos y medio de dinamita y tornillería. El relato de los hechos indica que Juan Palomo escuchó una pequeña explosión al abrir la puerta de su casa, lo que le llevó a alertar a su esposa para que se refugiara con su hijo.
En el juicio, tanto Intxausti como Palomo compartieron cómo este evento cambió sus vidas y las de sus colegas que continuaron trabajando en Euskadi. La sentencia es vista como un paso hacia la justicia para las víctimas del terrorismo en España.
