Los extranjeros que obtengan la regularización tras el decreto del Gobierno podrán acceder al sistema público de salud y a ayudas sociales, aunque deben aguardar un año para pedir el Ingreso Mínimo Vital
La entrada en vigor este jueves del Real Decreto de regularización extraordinaria crea un nuevo marco jurídico para cerca de 500.000 personas en España. Más allá del permiso para residir y trabajar tras obtener el Número de Afiliación a la Seguridad Social (NUSS), ser residente legal implica derecho a un amplio abanico de servicios y prestaciones públicas en igualdad con los españoles.
Uno de los aspectos clave para esta integración documental es el acceso a la tarjeta sanitaria. Los beneficiarios de la regularización pueden tramitarla en la comunidad autónoma donde residan, garantizando así su derecho a la atención sanitaria pública. Para ello, según recoge el texto publicado en el BOE, basta con presentar el certificado de empadronamiento y el número de Seguridad Social otorgado al finalizar la regularización.
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La condición del año previo para el IMV
En cuanto a las ayudas económicas, el acceso no es inmediato en todos los casos. Para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las prestaciones más solicitadas para asegurar un nivel mínimo de ingresos, es obligatorio haber residido legalmente y de forma efectiva en España al menos doce meses. Por tanto, quienes obtengan la regularización a través de este procedimiento deben esperar un año para poder solicitar esta ayuda.
Sin embargo, otras prestaciones no exigen este periodo de espera. Destacan:
- Ayudas al alquiler: El Estado ofrece apoyos que cubren hasta el 50% de la renta mensual, siempre que el contrato no supere los 600 euros mensuales (o 900 euros en zonas tensionadas).
- Cesta de la compra: Acceso a las «Tarjetas Monedero» de las comunidades autónomas, con importes que oscilan entre 130 y 220 euros para familias en situación vulnerable.
- Ayudas por nacimiento: Un pago único de 1.000 euros destinado a familias monoparentales, numerosas o madres con discapacidad igual o superior al 65%.
- Deducción por maternidad: La llamada «cheque bebé», de hasta 1.200 euros anuales, para madres trabajadoras con hijos menores de tres años.
Educación postobligatoria y movilidad dentro de Europa
En materia educativa, aunque la escolarización obligatoria se garantiza independientemente de la situación administrativa, la residencia legal habilita el acceso a las etapas postobligatorias. Esto incluye la obtención de títulos de Bachillerato y universitarios y la posibilidad de optar a las becas públicas convocadas por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas en régimen competitivo.
Además, la regularización favorece la movilidad internacional. Los nuevos residentes pueden desplazarse libremente durante un máximo de 90 días por los 29 países del Espacio Schengen, bajo las mismas condiciones que se aplican a los visados turísticos, facilitando así la circulación por Europa.
Finalmente, el decreto asegura protección a colectivos específicos, autorizando a víctimas de violencia de género o sexual a recibir un subsidio que oscila entre el 80% y el 95% del IPREM, con una duración máxima de 30 meses, siempre que cumplan los requisitos de desempleo y estén inscritas como demandantes de empleo.
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