El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la llegada masiva de personas desde Marruecos como una “violación de la integridad territorial de España” y se comprometió a emplear “todos los mecanismos” del Estado para restaurar la seguridad en Ceuta. El Ejecutivo fortalecerá el despliegue policial, instalará una barrera de boyas junto al espigón y agilizará las devoluciones en colaboración con las autoridades marroquíes.
Este viernes, Sánchez elevó la postura del Gobierno frente a la crisis migratoria en Ceuta, tras desplazarse a la ciudad autónoma acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar la situación directamente.
El jefe del Ejecutivo afirmó que las entradas registradas recientemente constituyen una “violación de la integridad territorial de España” y manifestó su apoyo a los habitantes de Ceuta. También aseguró que el Estado desplegará todos los recursos disponibles para restaurar la normalidad, proteger las fronteras y mantener la convivencia.
Sánchez atribuyó el incremento repentino en los accesos a una “interpretación interesada” de una reciente resolución del Tribunal Supremo relativa a personas interceptadas en el mar que intentan llegar a Ceuta o Melilla nadando.
Según explicó el presidente, las redes de tráfico de personas difundieron que quienes llegaran por vía marítima no podrían ser devueltos de forma inmediata, ya que no habrían superado una barrera física en la frontera. Este mensaje, indicó, se extendió rápidamente y motivó a miles de jóvenes a intentar el paso.
Esta explicación refleja la interpretación gubernamental sobre el origen del aumento migratorio. La sentencia no prohíbe todas las devoluciones, sino que limita la aplicación automática del rechazo en frontera a quienes sean detenidos en el mar sin franquear un elemento físico fronterizo.
En respuesta, el Gobierno ha anunciado la incorporación de 400 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estos agentes se sumarán a las unidades ya presentes y a los militares desplazados para apoyar la vigilancia, la seguridad y las labores de asistencia en la ciudad.
Sánchez también informó que se ha solicitado la colocación de boyas en el espigón fronterizo del Tarajal, con la finalidad de establecer una barrera física que refuerce el control marítimo y permita adaptar el dispositivo a la interpretación dictada por el Tribunal Supremo.
El presidente señaló que ya han comenzado los primeros retornos de personas que entraron irregularmente y destacó la cooperación de Marruecos para acelerar estos procesos. El Gobierno español descartó responsabilizar directamente a Rabat por la crisis y centró las críticas en las organizaciones criminales que difundieron información falsa.
Las devoluciones deben efectuarse conforme a los procedimientos legales vigentes, considerando la situación particular de cada individuo. Menores no acompañados, posibles solicitantes de protección internacional y otros grupos vulnerables requieren garantías específicas y no pueden ser sujetos de repatriaciones colectivas automáticas.
La crisis ha provocado al menos 27 fallecimientos, según el último recuento provisional, en su mayoría personas que perdieron la vida intentando alcanzar Ceuta a nado desde la costa marroquí. Las labores de búsqueda continúan y la cifra podría modificarse conforme avancen las operaciones de los equipos de emergencia.
Sánchez responsabilizó a las mafias de poner en riesgo la vida de quienes intentaron cruzar y defendió la política migratoria de su Ejecutivo, basada en el control de fronteras, la cooperación con países de origen y tránsito, la lucha contra las redes criminales y las medidas para la integración.
El presidente recordó, además, que la frontera entre África y Europa concentra una de las mayores desigualdades económicas a nivel mundial, un factor que, según dijo, incrementa la presión migratoria sobre España y hace necesaria una cooperación constante con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.
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Sánchez atribuyó el incremento repentino en los accesos a una “interpretación interesada” de una reciente resolución del Tribunal Supremo relativa a personas interceptadas en el mar que intentan llegar a Ceuta o Melilla nadando.
Según explicó el presidente, las redes de tráfico de personas difundieron que quienes llegaran por vía marítima no podrían ser devueltos de forma inmediata, ya que no habrían superado una barrera física en la frontera. Este mensaje, indicó, se extendió rápidamente y motivó a miles de jóvenes a intentar el paso.
Esta explicación refleja la interpretación gubernamental sobre el origen del aumento migratorio. La sentencia no prohíbe todas las devoluciones, sino que limita la aplicación automática del rechazo en frontera a quienes sean detenidos en el mar sin franquear un elemento físico fronterizo.
En respuesta, el Gobierno ha anunciado la incorporación de 400 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estos agentes se sumarán a las unidades ya presentes y a los militares desplazados para apoyar la vigilancia, la seguridad y las labores de asistencia en la ciudad.
Sánchez también informó que se ha solicitado la colocación de boyas en el espigón fronterizo del Tarajal, con la finalidad de establecer una barrera física que refuerce el control marítimo y permita adaptar el dispositivo a la interpretación dictada por el Tribunal Supremo.
El presidente señaló que ya han comenzado los primeros retornos de personas que entraron irregularmente y destacó la cooperación de Marruecos para acelerar estos procesos. El Gobierno español descartó responsabilizar directamente a Rabat por la crisis y centró las críticas en las organizaciones criminales que difundieron información falsa.
Las devoluciones deben efectuarse conforme a los procedimientos legales vigentes, considerando la situación particular de cada individuo. Menores no acompañados, posibles solicitantes de protección internacional y otros grupos vulnerables requieren garantías específicas y no pueden ser sujetos de repatriaciones colectivas automáticas.
La crisis ha provocado al menos 27 fallecimientos, según el último recuento provisional, en su mayoría personas que perdieron la vida intentando alcanzar Ceuta a nado desde la costa marroquí. Las labores de búsqueda continúan y la cifra podría modificarse conforme avancen las operaciones de los equipos de emergencia.
Sánchez responsabilizó a las mafias de poner en riesgo la vida de quienes intentaron cruzar y defendió la política migratoria de su Ejecutivo, basada en el control de fronteras, la cooperación con países de origen y tránsito, la lucha contra las redes criminales y las medidas para la integración.
El presidente recordó, además, que la frontera entre África y Europa concentra una de las mayores desigualdades económicas a nivel mundial, un factor que, según dijo, incrementa la presión migratoria sobre España y hace necesaria una cooperación constante con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó la llegada masiva de personas desde Marruecos como una “violación de la integridad territorial de España” y se comprometió a emplear “todos los mecanismos” del Estado para restaurar la seguridad en Ceuta. El Ejecutivo fortalecerá el despliegue policial, instalará una barrera de boyas junto al espigón y agilizará las devoluciones en colaboración con las autoridades marroquíes.
Este viernes, Sánchez elevó la postura del Gobierno frente a la crisis migratoria en Ceuta, tras desplazarse a la ciudad autónoma acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar la situación directamente.
El jefe del Ejecutivo afirmó que las entradas registradas recientemente constituyen una “violación de la integridad territorial de España” y manifestó su apoyo a los habitantes de Ceuta. También aseguró que el Estado desplegará todos los recursos disponibles para restaurar la normalidad, proteger las fronteras y mantener la convivencia.
Sánchez atribuyó el incremento repentino en los accesos a una “interpretación interesada” de una reciente resolución del Tribunal Supremo relativa a personas interceptadas en el mar que intentan llegar a Ceuta o Melilla nadando.
Según explicó el presidente, las redes de tráfico de personas difundieron que quienes llegaran por vía marítima no podrían ser devueltos de forma inmediata, ya que no habrían superado una barrera física en la frontera. Este mensaje, indicó, se extendió rápidamente y motivó a miles de jóvenes a intentar el paso.
Esta explicación refleja la interpretación gubernamental sobre el origen del aumento migratorio. La sentencia no prohíbe todas las devoluciones, sino que limita la aplicación automática del rechazo en frontera a quienes sean detenidos en el mar sin franquear un elemento físico fronterizo.
En respuesta, el Gobierno ha anunciado la incorporación de 400 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estos agentes se sumarán a las unidades ya presentes y a los militares desplazados para apoyar la vigilancia, la seguridad y las labores de asistencia en la ciudad.
Sánchez también informó que se ha solicitado la colocación de boyas en el espigón fronterizo del Tarajal, con la finalidad de establecer una barrera física que refuerce el control marítimo y permita adaptar el dispositivo a la interpretación dictada por el Tribunal Supremo.
El presidente señaló que ya han comenzado los primeros retornos de personas que entraron irregularmente y destacó la cooperación de Marruecos para acelerar estos procesos. El Gobierno español descartó responsabilizar directamente a Rabat por la crisis y centró las críticas en las organizaciones criminales que difundieron información falsa.
Las devoluciones deben efectuarse conforme a los procedimientos legales vigentes, considerando la situación particular de cada individuo. Menores no acompañados, posibles solicitantes de protección internacional y otros grupos vulnerables requieren garantías específicas y no pueden ser sujetos de repatriaciones colectivas automáticas.
La crisis ha provocado al menos 27 fallecimientos, según el último recuento provisional, en su mayoría personas que perdieron la vida intentando alcanzar Ceuta a nado desde la costa marroquí. Las labores de búsqueda continúan y la cifra podría modificarse conforme avancen las operaciones de los equipos de emergencia.
Sánchez responsabilizó a las mafias de poner en riesgo la vida de quienes intentaron cruzar y defendió la política migratoria de su Ejecutivo, basada en el control de fronteras, la cooperación con países de origen y tránsito, la lucha contra las redes criminales y las medidas para la integración.
El presidente recordó, además, que la frontera entre África y Europa concentra una de las mayores desigualdades económicas a nivel mundial, un factor que, según dijo, incrementa la presión migratoria sobre España y hace necesaria una cooperación constante con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.
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Este viernes, Sánchez elevó la postura del Gobierno frente a la crisis migratoria en Ceuta, tras desplazarse a la ciudad autónoma acompañado del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para supervisar la situación directamente.
El jefe del Ejecutivo afirmó que las entradas registradas recientemente constituyen una “violación de la integridad territorial de España” y manifestó su apoyo a los habitantes de Ceuta. También aseguró que el Estado desplegará todos los recursos disponibles para restaurar la normalidad, proteger las fronteras y mantener la convivencia.
Sánchez atribuyó el incremento repentino en los accesos a una “interpretación interesada” de una reciente resolución del Tribunal Supremo relativa a personas interceptadas en el mar que intentan llegar a Ceuta o Melilla nadando.
Según explicó el presidente, las redes de tráfico de personas difundieron que quienes llegaran por vía marítima no podrían ser devueltos de forma inmediata, ya que no habrían superado una barrera física en la frontera. Este mensaje, indicó, se extendió rápidamente y motivó a miles de jóvenes a intentar el paso.
Esta explicación refleja la interpretación gubernamental sobre el origen del aumento migratorio. La sentencia no prohíbe todas las devoluciones, sino que limita la aplicación automática del rechazo en frontera a quienes sean detenidos en el mar sin franquear un elemento físico fronterizo.
En respuesta, el Gobierno ha anunciado la incorporación de 400 efectivos adicionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Estos agentes se sumarán a las unidades ya presentes y a los militares desplazados para apoyar la vigilancia, la seguridad y las labores de asistencia en la ciudad.
Sánchez también informó que se ha solicitado la colocación de boyas en el espigón fronterizo del Tarajal, con la finalidad de establecer una barrera física que refuerce el control marítimo y permita adaptar el dispositivo a la interpretación dictada por el Tribunal Supremo.
El presidente señaló que ya han comenzado los primeros retornos de personas que entraron irregularmente y destacó la cooperación de Marruecos para acelerar estos procesos. El Gobierno español descartó responsabilizar directamente a Rabat por la crisis y centró las críticas en las organizaciones criminales que difundieron información falsa.
Las devoluciones deben efectuarse conforme a los procedimientos legales vigentes, considerando la situación particular de cada individuo. Menores no acompañados, posibles solicitantes de protección internacional y otros grupos vulnerables requieren garantías específicas y no pueden ser sujetos de repatriaciones colectivas automáticas.
La crisis ha provocado al menos 27 fallecimientos, según el último recuento provisional, en su mayoría personas que perdieron la vida intentando alcanzar Ceuta a nado desde la costa marroquí. Las labores de búsqueda continúan y la cifra podría modificarse conforme avancen las operaciones de los equipos de emergencia.
Sánchez responsabilizó a las mafias de poner en riesgo la vida de quienes intentaron cruzar y defendió la política migratoria de su Ejecutivo, basada en el control de fronteras, la cooperación con países de origen y tránsito, la lucha contra las redes criminales y las medidas para la integración.
El presidente recordó, además, que la frontera entre África y Europa concentra una de las mayores desigualdades económicas a nivel mundial, un factor que, según dijo, incrementa la presión migratoria sobre España y hace necesaria una cooperación constante con países como Marruecos, Mauritania y Senegal.
