El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles su compromiso de reducir la carga burocrática que afecta a los docentes desde la implementación de la Ley Celaá. Para ello, indicó que emplearán herramientas de inteligencia artificial que faciliten la simplificación del papeleo y los procesos de evaluación que actualmente ocupan gran parte del tiempo del profesorado.
La declaración se produce después de los avisos de huelga por parte de los principales sindicatos del sector educativo —UGT, CCOO, Csif y Anpe— quienes demandan acciones inmediatas y un documento oficial con propuestas para la carrera docente. Por el momento, no hay ningún acuerdo formal, aunque el Ejecutivo ha garantizado un encuentro con estas organizaciones para el próximo martes.
Durante una visita a una escuela infantil en Getafe, acompañado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, Sánchez reconoció por primera vez que la excesiva burocracia es una de las principales razones de descontento en las aulas. “La carga administrativa es demasiado elevada”, afirmó.
Además, informó que el Gobierno está preparando una normativa que establecerá un máximo de 23 horas lectivas para profesores de Primaria y 18 para Secundaria, con el objetivo de unificar las condiciones laborales de los docentes a nivel nacional. Aunque la mayoría de las comunidades autónomas ya cumplen con estas cifras, esta legislación impediría que algunas aumenten la carga de trabajo por cuenta propia.
Respecto a la reducción de alumnos por aula, Sánchez indicó que continuará promoviendo esta iniciativa, aunque sin dar detalles sobre plazos o números específicos. También anunció una inversión de 175 millones de euros destinada a familias en situación de pobreza para asegurar la gratuidad de la etapa de Infantil (0-3 años), aunque inicialmente presentó esta ayuda como dirigida a Primaria.
Los sindicatos reaccionaron con cautela ante estos anuncios. Teresa Esperabé, de CCOO, señaló que carecen de documentos oficiales y consideran que las medidas son insuficientes. Beatriz García, de UGT, pidió prudencia y recordó la insatisfacción del profesorado tras meses de promesas incumplidas. Anpe valoró de manera positiva la unificación de horarios, mientras Csif advirtió que continuará ejerciendo presión si no hay avances concretos.
Por ahora, las organizaciones se reunirán la próxima semana para examinar los detalles de las propuestas del Gobierno y decidir si mantienen el calendario de movilizaciones, que podría culminar en la primera huelga educativa contra el presidente Sánchez.
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