Los gobiernos regionales acuerdan un decálogo conjunto que critica la ausencia de memoria económica, la quiebra del consenso institucional y el peligro de colapso en la continuidad del servicio hospitalario.
Existe una posición unificada y firme de las comunidades autónomas en contra del centralismo en asuntos de sanidad. Las distintas regiones del país han firmado un contundente decálogo de postura común, en el que reclaman al Ministerio de Sanidad que retire el actual anteproyecto del Estatuto Marco del personal sanitario y que se retomen las negociaciones desde el inicio.
El texto fue presentado públicamente por el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, durante la reunión de la Comisión Técnica Delegada de Recursos Humanos. Esta reacción de las autonomías llega solo un día antes de la importante sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que afecta negativamente el calendario legislativo previsto por el departamento liderado por Mónica García.
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Las comunidades critican la unilateralidad en las negociaciones con los sindicatos
Si bien reconocen la necesidad de modernizar un estatuto del año 2003, las regiones reprochan el método usado por el Ministerio, que ha tomado decisiones principalmente basadas en acuerdos sindicales. El texto aprobado detalla que las últimas modificaciones significativas en la normativa derivan en gran parte de negociaciones con los representantes sindicales, dejando de lado a las administraciones responsables de gestionar y financiar estos servicios.
El decálogo enfatiza que estas modificaciones de última hora han roto la «metodología tradicional de trabajo» del SNS, que se basaba en la colaboración y el análisis técnico previo.
Alertas importantes: desde el riesgo organizativo hasta la carencia de fondos
Los consejeros de salud advierten que el proyecto actual desestabiliza el equilibrio esencial entre los derechos laborales y la sostenibilidad del sistema. Señalan tres problemas clave:
- Peligro asistencial: Las decisiones del Ministerio sobre jornadas laborales, descansos, guardias, remuneraciones y clasificación profesional se han tomado sin analizar adecuadamente su efecto en la continuidad de consultas y servicios de urgencias.
- Incertidumbre jurídica: Alertan que el texto vigente puede generar una aplicación práctica desordenada en los hospitales y aumentar la litigiosidad.
- Déficit presupuestario: Las comunidades denuncian la total ausencia de una memoria económica detallada. Solicitan conocer cuántos recursos adicionales requerirá la ley y con qué fondos se cubrirá su implementación.
Propuesta de las comunidades: retorno al foro técnico creado en 2023
Para resolver las diferencias y garantizar el «principio de lealtad institucional», las autonomías plantean regresar formalmente al grupo técnico de actualización establecido en 2023, considerado el espacio idóneo para equilibrar los derechos laborales con la operatividad real.
| Eje del Conflicto | Posición del Ministerio frente a las CC.AA. |
| Metodología | Sanidad acordó las modificaciones con los sindicatos; las autonomías denuncian exclusión de las administraciones. |
| Financiación | El anteproyecto carece de ficha financiera; las comunidades solicitan una asignación presupuestaria garantizada antes de la aprobación. |
| Próximo paso | Las autonomías condicionan la aprobación de la reforma al compromiso del Ministerio en el Consejo Interterritorial de este viernes. |
Los responsables sanitarios de las comunidades concluyen con una advertencia clara a Madrid: el éxito de la norma dependerá de la voluntad del Ministerio para abandonar la unilateralidad y reconocer que cualquier reforma de esta magnitud debe contar con la participación de los gestores hospitalarios y centros de salud.
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