El expresidente de la Generalitat considera «extremadamente grave» la resolución del órgano de control y solicita que la Comisión Europea intervenga ante una posible vulneración del derecho comunitario.
Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder de JxCat, manifestó este miércoles críticas hacia el Tribunal de Cuentas, acusando a esta entidad de «desobedecer conscientemente» la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con la aplicación de la ley de amnistía. Estas declaraciones se producen después de la providencia emitida por el Tribunal de Cuentas, que contempla no conceder la amnistía a una treintena de ex altos cargos del Govern si se confirma el uso de fondos europeos durante el procés.
Te puede interesar
Denuncia formal ante la Comisión Europea
La respuesta del expresidente se da un día tras la presentación de una denuncia formal contra España por parte de su equipo legal ante la Comisión Europea, señalando un presunto incumplimiento del derecho comunitario. La defensa argumenta que la negativa a aplicar la amnistía directamente contradice el respaldo previamente otorgado por la justicia europea.
En un comunicado publicado en la red social X con el título «¿La UE tolerará a Madrid aquello que exigió a Varsovia?», Puigdemont afirmó que la medida del Tribunal de Cuentas implica reabrir un proceso que, a su parecer, la jurisdicción europea había dado por concluido.
Aspectos clave del posicionamiento de Puigdemont:
- Críticas directas: Califica la resolución firmada por la consejera Elena Hernáez Salguero como un «desafío claro» a la justicia europea y advierte que la instructora no debería salir indemne tras esta decisión.
- Paralelismo internacional: Establece un paralelismo entre la actuación de los tribunales españoles y las posiciones euroescépticas adoptadas históricamente por los gobiernos de Polonia y Hungría frente a las directrices de Bruselas.
- Advertencia a las instituciones europeas: Expresa que si la Comisión Europea permite en Madrid lo que sancionó en Varsovia, estará confirmando que «el cumplimiento de las sentencias europeas depende de quién sea el acusado».
Con este nuevo desacuerdo institucional, la puesta en práctica efectiva de la norma de gracia para los imputados por los gastos derivados del 1-O vuelve a situarse en el centro del debate jurídico entre España y los tribunales europeos.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
