El detenido cobraba 10 euros diarios por persona en condiciones precarias y está acusado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y laborales.
Redacción / Ceuta
La autoridad judicial ha ordenado prisión provisional sin fianza para el dueño del inmueble usado como «casa patera» en el barrio del Príncipe, donde la Policía Nacional encontró a 74 personas —hombres, mujeres y menores— hacinadas en un edificio de varias plantas. Esta resolución fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por el juzgado de instrucción correspondiente.
Condiciones de hacinamiento y pago por estancia
Los inmigrantes localizados, que llegaron a Ceuta durante las avalanchas a finales de julio, vivían en condiciones insalubres, durmiendo sobre colchones en el suelo o directamente sobre mantas. Aunque podían entrar y salir libremente de la vivienda, el propietario les pedía el pago de 10 euros diarios por el alojamiento.
Esta intervención policial, considerada el desmantelamiento de la casa patera más grande conocida hasta ahora en la zona, requirió un despliegue amplio y complejo debido a la estructura del edificio. El propio propietario estaba dentro de la casa cuando los agentes irrumpieron.
Investigación por explotación laboral y posibles lesiones
Además del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la instructora le atribuye también un presunto delito contra los derechos laborales. Las investigaciones apuntan a que varios inquilinos eran supuestamente obligados a realizar distintas labores para cubrir el coste de la estancia, aprovechando su vulnerabilidad.
En el operativo, la policía contabilizó a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores no acompañados. También se investiga si hubo delitos de lesiones, ya que algunos afectados presentaban mordeduras de perro.
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La autoridad judicial ha ordenado prisión provisional sin fianza para el dueño del inmueble usado como «casa patera» en el barrio del Príncipe, donde la Policía Nacional encontró a 74 personas —hombres, mujeres y menores— hacinadas en un edificio de varias plantas. Esta resolución fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por el juzgado de instrucción correspondiente.
Condiciones de hacinamiento y pago por estancia
Los inmigrantes localizados, que llegaron a Ceuta durante las avalanchas a finales de julio, vivían en condiciones insalubres, durmiendo sobre colchones en el suelo o directamente sobre mantas. Aunque podían entrar y salir libremente de la vivienda, el propietario les pedía el pago de 10 euros diarios por el alojamiento.
Esta intervención policial, considerada el desmantelamiento de la casa patera más grande conocida hasta ahora en la zona, requirió un despliegue amplio y complejo debido a la estructura del edificio. El propio propietario estaba dentro de la casa cuando los agentes irrumpieron.
Investigación por explotación laboral y posibles lesiones
Además del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la instructora le atribuye también un presunto delito contra los derechos laborales. Las investigaciones apuntan a que varios inquilinos eran supuestamente obligados a realizar distintas labores para cubrir el coste de la estancia, aprovechando su vulnerabilidad.
En el operativo, la policía contabilizó a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores no acompañados. También se investiga si hubo delitos de lesiones, ya que algunos afectados presentaban mordeduras de perro.
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El detenido cobraba 10 euros diarios por persona en condiciones precarias y está acusado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y laborales.
Redacción / Ceuta
La autoridad judicial ha ordenado prisión provisional sin fianza para el dueño del inmueble usado como «casa patera» en el barrio del Príncipe, donde la Policía Nacional encontró a 74 personas —hombres, mujeres y menores— hacinadas en un edificio de varias plantas. Esta resolución fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por el juzgado de instrucción correspondiente.
Condiciones de hacinamiento y pago por estancia
Los inmigrantes localizados, que llegaron a Ceuta durante las avalanchas a finales de julio, vivían en condiciones insalubres, durmiendo sobre colchones en el suelo o directamente sobre mantas. Aunque podían entrar y salir libremente de la vivienda, el propietario les pedía el pago de 10 euros diarios por el alojamiento.
Esta intervención policial, considerada el desmantelamiento de la casa patera más grande conocida hasta ahora en la zona, requirió un despliegue amplio y complejo debido a la estructura del edificio. El propio propietario estaba dentro de la casa cuando los agentes irrumpieron.
Investigación por explotación laboral y posibles lesiones
Además del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la instructora le atribuye también un presunto delito contra los derechos laborales. Las investigaciones apuntan a que varios inquilinos eran supuestamente obligados a realizar distintas labores para cubrir el coste de la estancia, aprovechando su vulnerabilidad.
En el operativo, la policía contabilizó a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores no acompañados. También se investiga si hubo delitos de lesiones, ya que algunos afectados presentaban mordeduras de perro.
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La autoridad judicial ha ordenado prisión provisional sin fianza para el dueño del inmueble usado como «casa patera» en el barrio del Príncipe, donde la Policía Nacional encontró a 74 personas —hombres, mujeres y menores— hacinadas en un edificio de varias plantas. Esta resolución fue solicitada por la Fiscalía y aceptada por el juzgado de instrucción correspondiente.
Condiciones de hacinamiento y pago por estancia
Los inmigrantes localizados, que llegaron a Ceuta durante las avalanchas a finales de julio, vivían en condiciones insalubres, durmiendo sobre colchones en el suelo o directamente sobre mantas. Aunque podían entrar y salir libremente de la vivienda, el propietario les pedía el pago de 10 euros diarios por el alojamiento.
Esta intervención policial, considerada el desmantelamiento de la casa patera más grande conocida hasta ahora en la zona, requirió un despliegue amplio y complejo debido a la estructura del edificio. El propio propietario estaba dentro de la casa cuando los agentes irrumpieron.
Investigación por explotación laboral y posibles lesiones
Además del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la instructora le atribuye también un presunto delito contra los derechos laborales. Las investigaciones apuntan a que varios inquilinos eran supuestamente obligados a realizar distintas labores para cubrir el coste de la estancia, aprovechando su vulnerabilidad.
En el operativo, la policía contabilizó a 54 hombres, 10 mujeres y 10 menores no acompañados. También se investiga si hubo delitos de lesiones, ya que algunos afectados presentaban mordeduras de perro.
