Decisión Judicial: El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, ha dictado 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte. Esta decisión se enmarca dentro del caso ‘Los Waykis en la sombra’, que investiga la presunta comisión de delitos como organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias.
Riesgo de Fuga: El magistrado consideró que Nicanor Boluarte podría tener facilidad para huir del país debido a su relación con la presidenta y la falta de arraigo laboral y domiciliario. Esta medida busca evitar que el acusado interfiera con la investigación o escape de la justicia.
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Detalles del Caso: La investigación también incluye a Dina Boluarte, Mateo Castañeda, exabogado de la presidenta, y otras personas. Se les acusa de intervenir en la designación de prefectos y subprefectos, cargos clave en el aparato estatal peruano. Según el Ministerio Público, Nicanor Boluarte actuaba como el ‘poder en la sombra’ en el gobierno actual.
Testimonios y Evidencias: Durante las audiencias, el testimonio de Víctor Torres, amigo de los Boluarte, fue crucial. Afirmó que Nicanor Boluarte daba directrices para nombramientos en diversas regiones del país. La Fiscalía sostiene que estas acciones forman parte de un plan para mantener el control del poder político.
Otras Implicaciones: Además de Nicanor Boluarte, el juez dictó prisión preventiva para Jorge Luis Ortiz, exjefe de la Dirección General de Gobierno Interior, y otros implicados. Las defensas han anunciado que apelarán la decisión, lo que llevará el caso a un tribunal superior.
Implicaciones Legales: El juez Concepción Carhuancho declaró inaplicables ciertas leyes recientes que modifican los criterios del delito de crimen organizado, argumentando que contravienen derechos fundamentales. Esta decisión subraya la complejidad legal del caso y su impacto potencial en la legislación peruana.
Próximos Pasos: Se espera que el próximo viernes se conozca el fallo sobre otros implicados, como el abogado Castañeda y el exprefecto Noriel Chingay. Este caso continúa desarrollándose y promete seguir siendo un tema central en el debate político y judicial en Perú.
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