A una semana de la fecha prevista para el juicio del llamado ‘caso mascarillas’, la defensa de Koldo García Izaguirre ha solicitado al Tribunal Supremo una autorización «excepcional» para celebrar reuniones conjuntas con el exministro José Luis Ábalos y sus abogados en el centro penitenciario de Soto del Real.
La abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, argumenta que la negativa de la dirección del centro penitenciario a permitir estos encuentros genera una situación de «indefensión material». Según el documento presentado, la complejidad técnica del caso —que incluye miles de páginas y documentación intervenida— imposibilita una coordinación efectiva de la estrategia defensiva mediante los locutorios habituales con mamparas.
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Una sala sin barreras físicas y equipada con ordenadores
La solicitud no se limita a un encuentro presencial. La defensa exige:
- Un espacio adecuado: una sala para reuniones que permita contacto directo, sin cristales ni obstáculos físicos.
- Recursos tecnológicos: la utilización de ordenadores portátiles para consultar la amplia cantidad de pruebas digitales y archivos adjuntos al sumario.
- Coordinación estratégica: dado que los intereses de ambos acusados están estrechamente ligados, la defensa considera fundamental «contrastar versiones» antes del inicio del juicio oral.
El plazo límite: 7 de abril
El juicio está programado para el próximo 7 de abril y se prevé como uno de los procesos judiciales más relevantes del año. La fiscalía y las partes acusadoras solicitan penas que pueden llegar hasta los 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, tras ser imputados por delitos de organización criminal, malversación y cohecho.
Ambos permanecen en prisión preventiva desde noviembre del año pasado, después de que el Tribunal Supremo considerase un «riesgo extremo de fuga» debido a la cercanía del juicio y la gravedad de las posibles condenas.
Esta petición para reuniones conjuntas es el último recurso de la defensa, que previamente intentó sin éxito recusaciones contra miembros del tribunal y la suspensión de la vista por motivos de competencia judicial. El Alto Tribunal deberá resolver en un plazo no superior a 48 horas si autoriza esta medida o si obliga a los acusados a afrontar el juicio sin haber podido coordinar sus declaraciones de forma presencial.
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