Preocupación en el Gobierno por la expansión de la simbología golpista en Ejército y Policía vinculada a Alvise Pérez

La expansión de la simbología insurgente, la captación de altos mandos y la imposibilidad de frenar su mensaje en redes sociales agravan la crisis.

La preocupación en el Ejecutivo ha alcanzado niveles críticos tras los últimos datos del CIS, que revelan un crecimiento sin precedentes del apoyo a un movimiento golpista dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía.

En apenas siete días desde la inscripción oficial del partido, “Se Acabó la Fiesta” (SALF) en el Ministerio del Interior, más del 15% de los agentes y militares ya han mostrado respaldo y voto directo a su formación en el CIS.

Este fenómeno, que hasta hace poco parecía una anomalía política, se ha convertido en una amenaza real para la estabilidad institucional, avivada por la proliferación de símbolos golpistas en unidades estratégicas, el acercamiento de Pérez a altos mandos militares y la falta de herramientas gubernamentales para frenar su ascenso.

El avance imparable de la “simbología insurgente”

A pesar de la prohibición expresa de exhibir la ardilla, emblema de SALF, su presencia ha sido detectada en un número creciente de unidades militares y policiales, generando gran inquietud en la cúpula del Ministerio de Defensa.

“Alvise ha copiado estrategias del separatismo catalán; ellos usaban el color amarillo entre los Mossos, y él un animal (la ardilla) en formas que no pueden ser prohibidas”

Fuentes gubernamentales han reconocido que los avisos de sanciones impuestas a los agentes y militares que han hecho uso de estos símbolos no han conseguido frenar el fenómeno, que sigue extendiéndose de forma orgánica entre los cuerpos de seguridad.

“No estamos hablando solo de un político con ideas radicales como Alvise Pérez, sino de un movimiento que está arraigando en las fuerzas que sostienen la estabilidad del Estado”, admite un miembro de la Subdelegación del Gobierno en Ceuta.

Canarias y Ceuta: el epicentro de una maniobra de desestabilización

El Ejecutivo ha retrasado y bloqueado desde Noviembre los permisos para los actos que Alvise Pérez planea realizar en Canarias y Ceuta, enclaves estratégicos con una presencia militar crítica para la seguridad nacional. Sin embargo, la respuesta de Pérez ha sido desafiante:

“Si hay que ir micrófono en mano a reunirnos en las plazas porque no me den permisos, tal y como hicimos en las europeas, así será.”

La elección de Canarias y Ceuta por Pérez no es casualidad; Ambas regiones son puntos clave en la defensa nacional y suponen un acceso directo a altos mandos militares.

“A diferencia de PP y VOX, que sí asumen el sistema de partidos políticos, Alvise es abiertamente antisistema”.

Un crecimiento que escapa al control del Estado

Más allá del alarmante respaldo entre militares y policías, lo que más preocupa al Gobierno es el canal por el que Alvise Pérez está logrando expandir su influencia: las redes sociales.

A pesar de no contar con presencia en prensa, radio o televisión, su mensaje ha conseguido viralizarse a niveles que superan cualquier estrategia de comunicación gubernamental. Esto ha llevado al Ejecutivo a plantear medidas de urgencia para reforzar el control de la difusión de discursos disruptivos en plataformas digitales.

Las opciones que el Gobierno estudia incluyen:
• Aumento de la moderación y control en redes para limitar el alcance de mensajes que puedan fomentar el descontento en sectores estratégicos.
• Identificación y persecución de los canales de difusión alternativos utilizados por SALF y sus seguidores.
• Fortalecimiento de la supervisión en los cuerpos de seguridad para detectar y neutralizar la adhesión de agentes y militares al movimiento de Pérez.

El rápido crecimiento del apoyo a SALF en sectores estratégicos del Estado, así como la expansión de su simbología, su capacidad para desafiar la autoridad gubernamental y el uso de redes sociales como arma de influencia, han convertido al ultra Alvise Pérez en un problema para la democracia que el Ejecutivo no puede ignorar.

“En otros países como Alemania a estas personas se les procesa y se cierran sus canales por organización ilegal. Aquí aún actúan con impunidad”