Un sector de la comunidad garífuna, grupo étnico de origen africano asentado en las costas del Caribe centroamericano, ha organizado protestas y acampadas en las playas del archipiélago de Cayos Cochinos, Honduras, lugar donde se graba el programa ‘Supervivientes’. Estas acciones están dirigidas hacia el Gobierno de Honduras y la Fundación Cayos Cochinos, encargada de la administración del área protegida, así como hacia la emisión del reality de Telecinco, al cual utilizan como medio para expresar sus reivindicaciones territoriales y pesqueras.
Los manifestantes que han tomado las zonas costeras alegan que las grabaciones afectan el proceso de desove de la tortuga carey y limitan el acceso a sus áreas habituales de pesca. Un representante de la comunidad garífuna, en declaraciones a medios locales, expresó sobre la ocupación de las playas: «Normalmente no residimos en estas playas, pero son lugares a los que nuestra familia acude para obtener el sustento diario», denunciando que durante las filmaciones se les prohíbe el paso. Además, las personas acampadas relacionaron su conflicto con el gobierno hondureño, la fundación y propietarios privados de los cayos con episodios de violencia que han dejado a pescadores desamparados en alta mar.
Con todo, la zona está sujeta a restricciones ambientales permanentes establecidas por la Fundación Cayos Cochinos durante todo el año —como la prohibición de pescar langosta en épocas de reproducción— sin importar la realización o no de producciones audiovisuales. Asimismo, la productora del reality busca a decenas de trabajadores garífunas para funciones técnicas, logísticas, de construcción y transporte marítimo. Las estructuras de madera y materiales naturales usados en las pruebas del concurso son donadas posteriormente a comunidades cercanas, por ejemplo Sambo Creek, donde se ha construido una escuela con esos materiales reutilizados.
Marco legal según la Corte Interamericana de Derechos Humanos
La protesta de la comunidad garífuna se basa en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza internacionalmente al Estado de Honduras por vulnerar derechos relacionados con la propiedad colectiva, participación, acceso a información, identidad cultural, alimentación e integridad personal de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos.
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El tribunal sostuvo que estas violaciones se dieron por no realizar un proceso de consulta previo, libre e informado ante la declaración del Monumento Natural Marino de Cayos Cochinos, la aprobación de la Ley de Pesca y la autorización de actividades turísticas en la zona. La Corte concluyó que las autorizaciones otorgadas desde 2006 por la Fundación Cayos Cochinos para realizar reality shows imponían limitaciones temporales al hábitat marino funcional de la comunidad, afectando directamente la pesca artesanal y las formas de subsistencia locales.
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