Dos inspectores de la Agencia Tributaria han declarado ante la Audiencia Nacional que la mayoría de los ingresos de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola provenían de sociedades con contratos con la Generalitat.
En la sesión judicial sobre el patrimonio de la familia Pujol retomada este lunes en la Audiencia Nacional, dos especialistas de Hacienda han confirmado que las empresas gestionadas por el primogénito del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola, generaron aproximadamente 14 millones de euros entre 2004 y 2012. Según estos peritos, la mayor parte de esos ingresos correspondía a compañías que mantenían contratos habituales con la Administración Pública catalana.
Los técnicos del fisco centraron su análisis en las sociedades Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing, principales negocios mercantiles vinculados a Pujol Ferrusola y a su exesposa, Mercè Gironès.
El mecanismo cuestionado
El testimonio respalda la acusación presentada por el Ministerio Fiscal, que sostiene que estos pagos no correspondían a servicios reales de consultoría o marketing, sino que se tratarían de comisiones ilegales encubiertas, destinadas a asegurar la asignación de contratos públicos o favores administrativos.
- Periodo investigado: 2004 – 2012.
- Volumen de negocios: 14.000.000 €.
- Procedencia de los fondos: Empresas con licitaciones activas en la Generalitat de Cataluña.
La defensa sostiene ausencia de influencia política
Contrariamente al enfoque de Hacienda, también han comparecido peritos de la defensa. El catedrático en Derecho Administrativo, Joan Manuel Trayter, ha declarado desvinculando cualquier ejercicio de influencia política en la concesión de licencias ambientales, concretamente en relación con los controvertidos vertederos de Cruïlles (Girona) y Tivissa (Tarragona).
Trayter explicó que estos procedimientos son «actos reglados», lo que implica que la administración carece de margen para decisiones subjetivas:
«Los políticos deben acatar los informes técnicos obligatorios y determinantes; no existe margen para la discrecionalidad».
Con esta argumentación, la defensa procura refutar las acusaciones de que Jordi Pujol Ferrusola habría utilizado su influencia política y familiar para manipular las autorizaciones relacionadas con estos vertederos, en los cuales había invertido mediante sociedades ubicadas en el extranjero.
Un total de 18 acusados en el proceso
La sesión actual forma parte de un proceso judicial complejo donde además del expresidente Jordi Pujol y sus siete hijos, están siendo juzgados su exnuera y nueve empresarios más. El juicio principal busca esclarecer si el patrimonio oculto durante años en Andorra tuvo origen legítimo, defendido por la familia como un presunto «legado» del abuelo Florenci, o si deriva de una red sistematizada de corrupción institucional.
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