El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó este martes su intención de presentar en el Congreso una reforma constitucional destinada a incorporar el aborto y asegurar su protección ante posibles intentos de restricción por parte de partidos como el PP y Vox. Esta medida se plantea a raíz de la controversia provocada por la moción presentada por Vox en el Ayuntamiento de Madrid, la cual fue respaldada por el PP y pretendía informar a las mujeres sobre un supuesto “síndrome post aborto” sin respaldo científico.
Desde La Moncloa explican que esta modificación constitucional tiene como finalidad garantizar un derecho respaldado por el Tribunal Constitucional y evitar que se difunda información no verificada científicamente. Señalan que el Gobierno propone una reforma para consolidar la libertad y autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre sus vidas, en un contexto global donde se observan ataques a los derechos sexuales y reproductivos.
Para que esta reforma sea aprobada será necesaria una mayoría cualificada de tres quintos en el Congreso, lo que implicaría contar con el apoyo del PP, partido que presenta posiciones divididas respecto a este asunto. La creciente influencia de Vox en sondeos ha llevado al PP a adoptar posturas más próximas a la ultraderecha, como se evidenció en la moción del Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida aclaró que no hay evidencia científica que respalde el síndrome post aborto y afirmó que las mujeres no serán obligadas a recibir esa información. Pese a ello, el Ejecutivo teme la aparición de iniciativas similares, por lo que apuesta por asegurar este derecho a través de una reforma constitucional ordinaria, sin necesidad de disolución de las Cortes ni convocatoria de referéndum.
En caso de aprobarse, España sería la segunda nación a nivel mundial en incluir el derecho al aborto en su Constitución, después de Francia, que lo hizo en 2024. Además, el Gobierno planifica una reforma de la ley del aborto para garantizar que toda información relacionada con la interrupción voluntaria del embarazo esté basada en evidencia científica objetiva y avalada por estándares internacionales, como los de la OMS o la APA, excluyendo teorías no fundamentadas, como el mencionado “síndrome posaborto”.
El acceso al aborto presenta disparidades importantes entre las comunidades autónomas. Según un estudio del Instituto de las Mujeres, en Cataluña el 41,8% de los abortos se realizan en centros públicos, mientras que en Madrid apenas alcanza el 0,27%. Sánchez resaltó esta desigualdad y la necesidad de asegurar una equidad en el derecho a decidir, aunque la competencia para facilitar abortos en centros públicos corresponde a las comunidades autónomas.
