Nuevo inicio del juicio por el crimen de Parques de Ceuta con la selección de un nuevo jurado

El martes 7 de abril representa un momento clave en uno de los casos más seguidos de la ciudad. Tras anularse la sentencia previa, se pone en marcha el proceso para elegir al nuevo jurado popular que juzgará, por segunda vez, el asesinato de María de los Ángeles Lozano, funcionaria de Justicia fallecida en marzo de 2022.

Como informa El Pueblo de Ceuta, el tribunal estará formado por nueve ciudadanos residentes en la ciudad, cuya designación determinará si el juicio comienza de inmediato o se aplaza hasta el miércoles.

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Un proceso judicial condicionado por la libertad del acusado

La principal diferencia con el juicio anterior es la situación procesal del único imputado, el agente de policía local Alonso G.. El policía, que fue esposo de la víctima, llega a esta sesión judicial en libertad.

El 13 de marzo pasado, Alonso G. salió del centro penitenciario de Morón de la Frontera tras cumplirse el máximo de cuatro años de prisión provisional permitido por la legislación española. Este acontecimiento añade un elemento de complejidad y atención social a un caso que impactó a la zona de Parques de Ceuta.

Los antecedentes: de una condena de 35 años a la revisión del juicio

Los hechos ocurrieron la mañana del 14 de marzo de 2022. En ese día, Mari Ángeles perdió la vida en la cocina de su domicilio tras recibir un disparo con el arma oficial del agente. Según la investigación, el acusado dejó su puesto de trabajo en el Mercado de Hadú, donde estaba uniformado, para dirigirse a la vivienda.

Aunque en 2025 se dictó una pena de 35 años y medio de prisión, el contexto legal se modificó substancialmente tras el recurso presentado por la defensa:

• Decisión del TSJA: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la condena.
• Razón: El tribunal ordenó repetir el proceso judicial debido a una falta de justificación en el veredicto emitido por el anterior jurado popular.

Con la repetición del juicio, se pretende asegurar un procedimiento legal impecable que determine de forma definitiva la responsabilidad sobre el fallecimiento de la funcionaria.