El Tribunal Supremo sentencia a Ábalos a 24 años de cárcel y a Koldo a 19; Aldama queda libre tras colaboración
MADRID.– La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha emitido una resolución significativa en la lucha contra la corrupción política en España. El Tribunal ha sentenciado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor, Koldo García, a 19 años y ocho meses, tras considerarlos responsables de organización criminal, cohecho continuado, malversación y tráfico de influencias en el llamado ‘caso Mascarillas’. Por otro lado, el empresario Víctor de Aldama ha recibido una pena inferior de cuatro años y medio y ha evitado el ingreso en prisión gracias a su cooperación y a la documentación proporcionada durante la investigación.
La resolución judicial confirma que, durante el momento más crítico de la crisis sanitaria, se organizó un sistema ilícito de enriquecimiento dentro del Ministerio de Transportes. Según el tribunal, Ábalos, utilizando su autoridad como ministro y exsecretario de Organización del PSOE, formó junto a los otros acusados una red delictiva. En este esquema, Koldo García actuó sistemáticamente en nombre de Ábalos, fungiendo como su principal intermediario con el sector empresarial para favorecer adjudicaciones y desvíos de contratos públicos.
La gravedad de las penas impuestas se justifica por el daño que estas prácticas generan en las instituciones democráticas y en la confianza ciudadana. Los magistrados destacan que Ábalos cometió delitos desde la cúpula de un órgano constitucional, lo que agrava su conducta, otorgándole la mayor condena impuesta a un exministro en las últimas décadas. En cuanto a la reparación económica, la red criminal tendrá que devolver conjuntamente más de 430.000 euros, correspondientes a beneficios obtenidos por mordidas ilegales y alquileres de inmuebles de lujo gestionados por la organización.
En contraste, Víctor de Aldama protagoniza la parte atenuada de la sentencia. Aunque la Fiscalía solicitó inicialmente siete años de prisión y una multa de 3,7 millones de euros, el Supremo aplicó una atenuante por su colaboración notable. Tras la audiencia, Aldama afirmó ante los medios que “la colaboración en este país es reconocida”. Para evitar la cárcel, deberá cumplir un año de trabajos comunitarios, abstenerse de delinquir y presentar informes semestrales detallando sus actividades comerciales y personales ante el juzgado.
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