La Fiscalía General de Venezuela solicitó a un tribunal anular la libertad otorgada al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa pocas horas después de que recuperara su libertad, argumentando que no cumplió con las condiciones establecidas en la medida cautelar que posibilitó su excarcelación.
El Ministerio Público comunicó que estas medidas están sujetas al «estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas por los tribunales», por lo que se pidió que se imponga a Guanipa la detención domiciliaria.
Este cambio ocurrió luego de que el líder del partido Primero Justicia fuera liberado el domingo tras permanecer cerca de nueve meses detenido. Los cargos que enfrentó han sido calificados por él y sus aliados, entre ellos la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, como políticos y arbitrarios.
Tras su liberación, Machado denunció que individuos armados se llevaron a Guanipa en lo que su entorno describió como un acto de detención o secuestro por parte de fuerzas estatales no identificadas. Asimismo, su hijo Ramón Guanipa informó que unas diez personas interceptaron a su padre después de que salió de prisión.
Guanipa, exgobernador del estado Zulia y una de las figuras históricas de la oposición venezolana, había liderado una caravana para respaldar a familiares de presos políticos y exigido la liberación de otros detenidos antes de estos acontecimientos.
El contexto presenta un ambiente de tensión política en el país, en medio de anuncios sobre excarcelaciones masivas y un debate parlamentario acerca de una posible ley de amnistía para presos políticos, que forma parte del proceso de transición política en Venezuela.
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