La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que el Gobierno está finalizando el desarrollo de la Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud. Esta normativa representa un avance clave en la política gubernamental para limitar la implicación del sector privado en la gestión de centros hospitalarios públicos.
Según la ministra, la aprobación de la ley está prevista para comienzos de 2026, con la finalidad de proteger el sistema sanitario público frente a los intereses de fondos de inversión y garantizar que la asistencia sanitaria continúe siendo un derecho universal.
En una entrevista reciente con El País, García destacó que esta legislación derogará en parte la ley de 1997, la cual permitió nuevas modalidades de gestión en el sistema sanitario público, con el propósito de restringir la colaboración entre el sector público y privado.
La ministra indicó que la colaboración público-privada ha cambiado y ahora puede considerarse una relación que perjudica al sistema. Con esta ley, se pretende establecer reglas claras que salvaguarden la integridad del sistema sanitario público.
Esta ley no elimina por completo la cooperación entre entidades públicas y privadas, sino que limita que estas se lleven a cabo con empresas lucrativas, explicó García. Insistió en la importancia de regular estos acuerdos para evitar prácticas abusivas y asegurar que la atención sanitaria no se convierta en una mercancía.
Además, la nueva normativa amplía su alcance para fortalecer la sanidad pública contra intentos de privatización. «El objetivo es limitar el afán de lucro, protegiendo nuestro sistema de salud, que debe servir exclusivamente a la ciudadanía y no a intereses económicos», afirmó la ministra.
El reciente caso del hospital público de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo privado Ribera Salud, ha acelerado la necesidad de esta regulación. Este acontecimiento evidenció deficiencias en la gestión privada en la atención sanitaria, fomentando un debate sobre la eficacia de dicho modelo para el bienestar de los pacientes.
Estas iniciativas legislativas surgen en un momento en que la población demanda una sanidad pública eficiente, gestionada con responsabilidad y transparencia. Por ello, la propuesta de ley responde también a una voluntad social de reafirmar el compromiso del Estado con la salud pública como un derecho fundamental.
