La Delegación del Gobierno en Madrid impone una multa al manifestante por tratar de boicotear la movilización del 25N. Francisco Martín, delegado del Gobierno, diferencia entre informar y acosar.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha aplicado una sanción de 10.000 euros a Vito Quiles debido a los altercados ocurridos durante la manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N) de 2025. Esta medida se basa en una propuesta por desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, confirmó esta decisión el viernes, durante un acto oficial por el Día Internacional de la Mujer. Destacó que la conducta de Quiles en la marcha feminista sobrepasó los límites de la actividad periodística.
«Nadie está por encima de la ley»
De acuerdo con el expediente, Quiles intentó impedir el normal desarrollo de la manifestación y desobedeció reiteradamente las indicaciones de los agentes encargados de la seguridad. Martín resaltó la diferencia entre ejercer el derecho a la información y promover la confrontación directa:
«El periodismo y el acoso son cosas distintas. Es imprescindible acabar con los espacios en los que violentos y acosadores actúan con impunidad en las calles», afirmó el delegado frente a los medios.
Martín defendió la labor profesional de los periodistas que cubren manifestaciones respetando las normas y subrayó que todos los ciudadanos deben acatar las órdenes policiales: «Cualquier persona con una conducta similar a la de este señor será sancionada».
Un mensaje contra la agitación en las calles
Esta multa se enmarca dentro de un escenario de creciente tensión en las protestas sociales en Madrid. El delegado aprovechó la comparecencia para pedir el cese de la violencia en las calles, que, según su opinión, algunos agitadores provocan continuamente, ocasionando situaciones difíciles tanto para manifestantes como para las autoridades.
Con esta multa significativa, la administración pretende establecer un precedente respecto al cumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana en eventos con gran afluencia, sobre todo cuando se busca interferir en derechos fundamentales como la reunión y manifestación.
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