El pasado jueves, el Gobierno comunicó a los sindicatos su intención de trabajar en un nuevo concierto sanitario para Muface, diseñado para ser más atractivo para las aseguradoras. Esta decisión se tomó después de que la convocatoria anterior no recibiera ninguna oferta, dejando en el aire la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares.
En una reunión del Consejo General de Muface, la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, junto con la directora general de Muface, Myriam Pallarés, se reunieron con representantes sindicales de CC.OO., CIG, CSIF y UGT, así como con representantes de varios ministerios y la Dirección General de la Policía. Durante el encuentro, se transmitió un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, asegurando que la continuidad de las prestaciones sanitarias está garantizada bajo los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.
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La normativa vigente permite prorrogar el contrato actual por un máximo de nueve meses si no se ha formalizado un nuevo contrato al vencimiento del actual. Maribel Loranca, responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, afirmó que el Gobierno ya está trabajando en una nueva licitación que sea más atractiva para las aseguradoras. Aunque el concierto actual cubre hasta el 31 de enero de 2025, la ley permite extenderlo hasta que se establezca uno nuevo.
Por su parte, CSIF y CC.OO. han anunciado movilizaciones para defender la atención sanitaria de los funcionarios adscritos a Muface. Según CSIF, las explicaciones del Gobierno son insuficientes y ponen en peligro la viabilidad de la mutualidad. El sindicato comenzará una campaña de movilizaciones el próximo lunes, 11 de noviembre.
CC.OO. también ha criticado la falta de concreción en la reunión y ha exigido conocer la situación real de la nueva licitación, así como un estudio exhaustivo de los costes sanitarios asociados a la atención de los mutualistas. La reunión se produjo después de que el concurso para la asistencia sanitaria quedara desierto, ya que ninguna aseguradora, ni siquiera las actuales prestadoras del servicio (SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV), se presentó.
Las aseguradoras han advertido previamente sobre la insuficiencia de fondos en el concierto y el riesgo de incurrir en pérdidas al proporcionar cobertura a un colectivo tan amplio. Según UGT, la mayoría de los funcionarios cubiertos por Muface pertenecen al sector de la enseñanza, con unos 500.000 miembros, mientras que otros 100.000 forman parte de la Administración General del Estado.
En conclusión, el Gobierno está trabajando para asegurar un nuevo acuerdo que satisfaga tanto a las aseguradoras como a los mutualistas, garantizando la continuidad de las prestaciones sanitarias mientras se busca una solución a largo plazo.
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