El Ejecutivo se dirige hacia la tercera extensión consecutiva de unas cuentas originadas en la legislatura anterior, elaboradas por un Gobierno distinto y aprobadas en un Parlamento diferente al actual.
El plazo constitucional para que el Gobierno entregue de manera oportuna el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2026 ha concluido sin que el Ejecutivo haya iniciado siquiera el trámite inicial: la presentación al Congreso de los objetivos de estabilidad y del techo de gasto. Esta falta impide cumplir el artículo 134 de la Constitución, que exige la entrega de las cuentas tres meses antes de finalizar el ejercicio vigente.
Así, a partir del 1 de enero, entrará en vigor automáticamente la tercera prórroga de los Presupuestos de 2023, unas cuentas diseñadas por el Gobierno precedente y ratificadas por un Parlamento con mayorías diferentes a las actuales.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, directamente responsable de la elaboración del presupuesto, evitó brindar explicaciones en el Senado este martes, pese a la insistencia de la oposición. Tampoco reafirmó la promesa que en su momento defendió el presidente Pedro Sánchez, sobre la presentación de un proyecto presupuestario para 2026.
En Moncloa reconocen que no se dispone de una mayoría suficiente para aprobar las cuentas. Los antiguos socios de investidura —Podemos, Junts y ERC— han elevado sus condiciones, vinculando su apoyo a demandas que incluyen desde congelar el aumento del gasto en Defensa hasta modificaciones profundas en la financiación de Cataluña, además de la ruptura de relaciones con Israel.
Ante esta situación, el Gobierno considera únicamente enviar el techo de gasto al Congreso, aceptar su probable rechazo y, con base en ello, elaborar un proyecto basado en el marco actual, con la opción de retirarlo antes de la votación para evitar una derrota parlamentaria.
De todos modos, en los grupos parlamentarios se da por sentado que Sánchez buscará maniobrar para evitar un fracaso que podría conducir a elecciones anticipadas, intentando trasladar la responsabilidad a las formaciones que rechacen el proyecto.
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