El Ejecutivo afrontó una nueva situación crítica con el registro efectuado en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Dicha medida llegó un día después de la detención de Vicente Fernández Guerrero, quien fuera presidente de la SEPI y considerado un protegido político de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A pesar de que Montero se distanció públicamente de Fernández, la proximidad política y el vínculo de la SEPI con su ministerio generan cierta inquietud en Moncloa.
La UCO intensificó las pesquisas en la causa vinculada a Leire Díez, conocida como la «fontanera» del PSOE, sospechosa de manipular contratos públicos. Como parte de la investigación, los agentes realizaron un avance significativo al registrar las oficinas de varias empresas dependientes de la SEPI, tales como Sepides, Enusa y Mercasa, todas bajo competencia del Ministerio de Hacienda. Esta actuación estrecha la vigilancia sobre la número dos del Gobierno, María Jesús Montero.
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El registro ocurrió un día tras la detención de Vicente Fernández Guerrero, quien fue nombrado al frente de la SEPI por Montero durante quince meses tras la llegada del PSOE al Ejecutivo en 2018. Fernández es reconocido como un «ahijado político» de la ministra, lo que añade presión sobre ella. No obstante, Montero se desmarcó públicamente de Fernández en el Congreso, asegurando no haber tenido contacto con él desde que dejó la SEPI y que ya no forma parte de su círculo cercano de trabajo desde hace más de seis años. Según fuentes próximas, Montero se enteró por medios de comunicación de que Fernández estaba vinculado a Servinabar, empresa relacionada con Santos Cerdán e implicada en investigaciones por presuntas comisiones, sin conocer cómo accedió a esa compañía.
En Moncloa, la situación genera cierto nerviosismo. La causa sigue bajo secreto judicial, y no se ha confirmado si la detención de Fernández está relacionada con hechos ocurridos durante su gestión en la sociedad estatal. De ser así, el escenario sería delicado para Montero, dado que ella fue quien lo designó. Aunque se señala que su breve periodo al frente de la SEPI podría limitar la posibilidad de irregularidades, el impacto político es notorio. Esta situación se suma a una trayectoria política de Montero que ya mostraba signos de desgaste por sus cesiones a Junts en vista de los próximos comicios andaluces y las recientes dificultades vinculadas al caso Francisco Salazar. Desde el Gobierno, ante la sucesión de escándalos, se reconoció que resulta complicado atribuirlos a meras coincidencias. No obstante, la versión oficial afirma que se pretende cumplir la legislatura completa hasta 2027, centrando esfuerzos en aprobar el proyecto de ley de Presupuestos previsto para principios del próximo año.
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