Un total de más de 600 menores migrantes han sido desplazados desde las Islas Canarias en un procedimiento que muchos califican como una experiencia de separación y falta de certeza. Esta situación ha suscitado alarma entre grupos de defensa de los derechos infantiles y entidades sociales, quienes critican que los jóvenes son gestionados «como si fueran objetos», sin tomar en cuenta sus necesidades emocionales y sociales.
La cuestión se ha complicado tras una reciente resolución del Tribunal Supremo que ordena al Gobierno asegurar un asilo inmediato para estos menores. No obstante, varios de ellos se muestran reacios a su traslado, lo cual ha provocado roces con las autoridades, dado que ya habían comenzado a integrarse en la comunidad canaria.
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Especialistas advierten que este movimiento masivo implica riesgos considerables en lo psicológico y social, y exigen que toda acción priorice su bienestar integral más allá de la mera gestión administrativa.
Por su parte, las autoridades defienden que estos movimientos son imprescindibles para brindar una atención adecuada y equilibrar los recursos en distintas regiones del país, aunque reconocen la complejidad que conlleva una gestión que impacta directamente en la vida de cientos de menores.
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