El Ministerio del Interior alteró discretamente la Ley de Personal de la Policía para extender el mandato de José Ángel González, a quien el ministro definió como «impecable»
La renuncia de José Ángel González al cargo de Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, tras una denuncia por una presunta agresión sexual con penetración, ha puesto nuevamente en el foco la controvertida maniobra legislativa realizada por el ministro Fernando Grande-Marlaska para conservarlo en el puesto. En noviembre de 2024, el Ejecutivo introdujo una modificación legal mediante el segundo Real Decreto de ayudas por la DANA, que impidió la jubilación forzosa del comisario; una acción que la oposición calificó entonces como una «indignidad».
Una reforma legal adaptada en decreto urgente
El Gobierno aprovechó la crisis provocada por la catástrofe en la Comunitat Valenciana para modificar la normativa vigente. Por medio de una disposición en el decreto de ayudas, se reformó el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 9/2015 del Régimen de Personal de la Policía Nacional. Esta modificación permitió que el titular de la DAO continuase en servicio activo después de cumplir 65 años mientras ocupara el puesto, otorgando al ministro la facultad discrecional para decidir su cese.
La justificación oficial del Ministerio del Interior, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se basó en la «emergencia nacional». Según el texto, relevar al jefe operativo en plena gestión de la DANA resultaría «altamente disfuncional», dada su función coordinadora de más de 10.000 efectivos desplegados para rescate y seguridad en las áreas afectadas.
El componente político dentro de la Policía
No obstante, esta maniobra, calificada así por varios sectores, fue anticipada por Ana Vázquez, portavoz de Interior del PP, quien cuestionó la necesidad de mantener excepcionalmente a González cuando existen 170 comisarios principales en la institución. La oposición denunció que se utilizaban las ayudas para las víctimas como un método para preservar el denominado «brazo político» de Marlaska dentro del cuerpo policial.
El ministro, que ya había manifestado en el Senado su intención de homologar la situación del DAO con la de su contraparte en la Guardia Civil, destacó en sede parlamentaria la trayectoria de González con calificativos como «impecable» e «indiscutible».
El cierre del ciclo de González
Este blindaje legal terminó de manera abrupta con la admisión a trámite de la denuncia presentada ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. El excolaborador cercano de Marlaska enfrenta no solo una acusación de agresión sexual con penetración contra una funcionaria, sino también cargos relacionados con coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos.
Su renuncia pone fin a una estructura de mando diseñada por Interior para el comisario actualmente investigado, dejando en una situación comprometida al ministro, que previamente apostó por una reforma legislativa singular para asegurar la continuidad de González al frente de la operatividad policial.
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