El caso de Marc, un okupa ubicado en Sant Boi de Llobregat, se presenta como un claro ejemplo de la falta de consecuencias legales y el negocio rentable que puede suponer la ocupación ilegal en España. Cuenta con un historial de 225 denuncias y un patrimonio que supera el millón de euros. Marc emplea el chantaje como su principal estrategia para obtener ganancias, aprovechándose de las lagunas legales que impiden su ingreso en la cárcel.
La ocupación ilegal ha evolucionado de ser un movimiento social a constituir una actividad lucrativa para ciertos individuos. Este caso, expuesto por el programa Espejo Público, pone de manifiesto la insuficiente penalización a la reincidencia en este ámbito.
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Una situación de impunidad sin precedentes
Marc acumula 225 denuncias por ocupación sin haber cumplido condena en prisión. Esto se debe a que sus acciones se catalogan legalmente como delitos leves de usurpación, en los que no se aplica la multirreincidencia. Por lo general, la sanción consiste únicamente en multas.
Según cálculos del mencionado programa, Marc ha reunido una fortuna cercana a los 1.125.000 euros, percibiendo aproximadamente 5.000 euros por cada ocupación, pese a no contar con un empleo declarado. Hasta la fecha, ha sido detenido en 31 ocasiones.
El método de chantaje
Este okupa recurrente sigue un patrón definido, dirigiendo sus acciones principalmente contra:
- Fondos de inversión.
- Entidades bancarias.
- Agencias inmobiliarias.
Su estrategia se basa en la extorsión para obtener beneficios económicos:
- Pago al propietario: Solicita cantidades de hasta 17.000 euros para que el dueño original ceda el inmueble y desocupe la vivienda.
- Venta de llaves: Si el propietario se niega, vende las llaves de la propiedad a familias en situación vulnerable por sumas que pueden alcanzar los 3.000 euros.
Aunque Marc es natural de Sant Boi de Llobregat, el municipio ha impuesto una orden de alejamiento que le prohíbe regresar a esta zona catalana.
La discusión sobre vulnerabilidad y legislación
Este caso evidencia la polémica en torno a la protección legal de okupas en situaciones de vulnerabilidad. Kathy, presidenta de Aprovij, ha señalado que el próximo 31 de diciembre finaliza la prórroga del Real Decreto 11/2020, que impide el desalojo de okupas sin ofrecer una alternativa habitacional.
Kathy advirtió con contundencia: «Es hora de no ignorar estos casos ni favorecer a quienes dañan propiedades, mientras se penaliza a quienes trabajan». Además, señaló que extender nuevamente esta prórroga implicaría que las autoridades se conviertan en «responsables de cada vivienda dañada, cada propiedad afectada y cada propietario desamparado».
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