Ana Dávila, consejera regional, ha remitido una carta al Gobierno central indicando que emprenderá acciones legales si se extiende sin respaldo legal el sistema de reparto obligatorio.
La administración madrileña y el Gobierno de España enfrentan una controversia relacionada con la gestión de menores extranjeros no acompañados. Este lunes, Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales de Madrid, envió una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la que expone irregularidades en los traslados. Entre ellas, la división de hermanos y la reubicación sin tener en cuenta lazos familiares.
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Preocupaciones sobre vulnerabilidad y exclusión social
Desde la Comunidad de Madrid se señala que la falta de coordinación y la imposición de decisiones unilaterales por parte del Estado afectan negativamente al bienestar de los menores. En la carta, Dávila detalla situaciones críticas observadas en los recientes traslados:
- Separación de hermanos: Se han documentado casos en los que miembros de la misma familia han sido destinados a distintas comunidades autónomas.
- Desconsideración de redes de apoyo: Madrid ha recibido menores que señalan tener familiares en otras regiones, así como ofertas laborales y familias de referencia en sus lugares de origen.
- Cercanía a la mayoría de edad: La consejera advierte que desplazar a jóvenes próximos a cumplir 18 años lejos de sus entornos les expone a situaciones de exclusión social.
Disputa legal por la prolongación del sistema
El conflicto también tiene una dimensión jurídica. El Ejecutivo central planea modificar el Real Decreto-Ley 2/2025 para extender hasta agosto de 2027 el mecanismo obligatorio de reubicación bajo la condición de «contingencia migratoria extraordinaria».
Desde Madrid sostienen que los plazos legales han vencido y que cualquier traslado adicional carece de respaldo jurídico. Dávila señala como «sorprendente» que el Ministerio pretenda prolongar un sistema excepcional después de declarar que la situación de emergencia ha concluido.
Posición de Madrid: «El Gobierno ha pasado de la falta de respuesta a la imposición», afirma la consejera, que advierte que la Comunidad iniciará medidas legales contra actuaciones que considere ilegales o que vulneren las competencias autonómicas en protección de menores.
Críticas a la ausencia de evaluación personalizada
La Comunidad de Madrid sostiene que el protocolo migratorio actual no contempla una evaluación personalizada de cada menor ni respeta su voluntad. La administración regional responsabiliza al Estado de la emergencia en Canarias, Ceuta y Melilla, pero rechaza que la respuesta sea un sistema de reparto que, en su opinión, afecta los derechos de los jóvenes y sobrecarga a las comunidades receptoras sin la coordinación adecuada.
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