La Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Loterías (ANAPAL) ha presentado una iniciativa al Gobierno para modificar el coste del décimo y los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, buscando compensar la inflación acumulada y optimizar la rentabilidad de las más de 4.100 administraciones que operan en España.
ANAPAL propone tres cambios principales para el sorteo tradicional del 22 de diciembre: primero, incrementar el precio del décimo de 20 € a 25 €; segundo, elevar el premio mayor, el Gordo de Navidad, desde los 400.000 € actuales hasta 500.000 €; y, tercero, subir la comisión para los loteros del 4,5 % al 6 %, equiparándola a la de otros sorteos secundarios.
Según la organización, el precio del décimo no se ha modificado en 23 años, un período en el que no se ha reflejado el aumento de costos operativos, la inflación ni los retos que enfrentan las administraciones físicas ante el crecimiento del canal digital. Además, destacan que para el 67 % de las administraciones encuestadas, la campaña de Navidad representa entre el 40 % y el 80 % de su facturación anual, convirtiendo este sorteo en el núcleo de su actividad económica.
Datos recopilados por ANAPAL muestran que más del 52 % de las administraciones ha experimentado una disminución en sus beneficios, mientras que un 91 % atribuye esta situación a comisiones bajas y a una elevada carga administrativa. Borja Muñiz, presidente de la agrupación, advierte que la viabilidad de muchas administraciones podría verse afectada si no se revisan los precios, premios y comisiones.
Desde la perspectiva de los jugadores, el incremento en el precio del décimo implicaría un coste adicional de 5 €, pero también ofrecería una mejora en el valor absoluto del premio. Para el organizador, esta medida permitiría reinvertir en el sistema, sostener la red de administraciones y mantener el atractivo del sorteo frente a otras opciones de juego.
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En conclusión, la propuesta de ANAPAL supone un cambio significativo para el Sorteo de Navidad, orientado a actualizar una tradición centenaria y asegurar su continuidad y relevancia en el contexto económico actual marcado por la inflación y la digitalización. Si se aprueba, los ajustes entrarían en vigor en la próxima edición o podrían implementarse de forma progresiva según acuerden las autoridades y el sector.

















