Este jueves, el Congreso dio luz verde al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, incorporando 20 enmiendas propuestas por el Partido Popular en el Senado. Esta norma tiene como objetivo optimizar el sistema de transporte en España, poniendo en valor el derecho a la movilidad para todos los ciudadanos. Uno de los elementos centrales de la ley será la elaboración de planes de movilidad sostenible en las empresas.
Entre las enmiendas aceptadas figura la iniciativa del PP que obliga a Renfe a ampliar las compensaciones por retrasos, una cuestión relevante en las discusiones políticas. Por otro lado, fueron rechazadas propuestas como la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares y la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena para 2026.
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El avance de la ley se facilitó gracias a la abstención de Junts, evidenciando que, a pesar de las diferencias, resulta prioritario avanzar en materia de movilidad y sostenibilidad. Se trata de una normativa que había iniciado su curso parlamentario en diciembre de 2022, tras años de espera.
Durante el proceso, el Gobierno destacó que la ley mejoraría la calidad de vida de la población y aseguraría una inversión cercana a los 10.000 millones de euros procedentes de fondos europeos. La disponibilidad de estos recursos depende de la aprobación de un marco normativo que promueva la movilidad sostenible en el territorio.
Las medidas clave incluyen la modernización del transporte español mediante la electrificación de trenes, puertos y aeropuertos, junto con la eliminación de vuelos cortos nacionales cuando existan opciones ferroviarias viables. Estas acciones buscan un sistema más eficaz y menos contaminante.
Una novedad destacada es la restauración de las indemnizaciones por retrasos en Renfe. La compañía deberá compensar a los pasajeros con demoras de 15 o 30 minutos en el servicio AVE, derogando la normativa establecida en julio de 2024 que limitaba estas compensaciones a retrasos superiores a 90 minutos.
El consenso para esta enmienda refleja un acuerdo amplio entre diversos partidos, como PP, Vox y ERC. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, manifestó sus reservas respecto a la eficacia de esta medida, argumentando que podría generar condiciones desiguales frente a operadores extranjeros que solo reconocen compensaciones a partir de retrasos de 60 minutos.
Además, se confirmó una enmienda vital para asegurar que las rutas y frecuencias del transporte público en carretera en zonas rurales se mantengan, respondiendo a las preocupaciones sobre la posible pérdida de conexiones esenciales en el nuevo mapa concesional de autobuses. La diputada Ana Martínez señaló que este elemento fue fundamental durante las negociaciones.
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