La defensa de Leire Díez, exmilitante socialista, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que descarte varias grabaciones clave, entre ellas un audio en el que se presenta como “mano derecha” de Santos Cerdán, argumentando que se han violado sus derechos fundamentales.
Díez, investigada por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, requiere que el juez declare nulas y excluya del proceso las grabaciones centrales en la causa. Una de ellas fue realizada por el fiscal Ignacio Stampa, durante un encuentro en el que Díez se describe como la “mano derecha” del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
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La defensa argumenta que dichas grabaciones se obtuvieron sin la debida autorización judicial y al margen de procedimientos formales, vulnerando así el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a un proceso con todas las garantías. Por ello, solicitan que no se consideren como pruebas ni contra Díez ni contra otros investigados.
En el escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 9, se indica que las conversaciones se inscriben en una especie de “investigación paralela” llevada a cabo fuera de los cauces legales. Los abogados enfatizan que admitir esas grabaciones implicaría habilitar prácticas prospectivas sin control judicial previo, lo que sería incompatible con los principios del Estado de Derecho.
Entre las grabaciones que se pide anular se incluye la reunión donde Díez interactúa con el fiscal Ignacio Stampa y el empresario Javier Pérez Dolset, en la que la exmilitante se sitúa cerca de la dirección del PSOE y se presenta como persona cercana a Santos Cerdán. Este audio, publicado por varios medios, es uno de los que la defensa reclama retirar del expediente por considerar que su obtención y uso carecen de respaldo judicial adecuado.
También se solicita la nulidad de otras grabaciones que mencionan supuestas maniobras para recabar información sensible sobre responsables de la UCO y la Fiscalía, con la supuesta finalidad de desacreditar investigaciones de corrupción vinculadas al entorno gubernamental. Los defensores de Díez sostienen que este material no solo presenta dudas jurídicas, sino que ha sido editado, fragmentado y filtrado a la prensa, generando un “juicio paralelo” que afecta la presunción de inocencia de su representada.
De forma paralela, la defensa subraya que el procedimiento se ha basado en gran parte en recortes de prensa y filtraciones, más que en diligencias sólidas amparadas por el juez. Por ello, piden que se investigue el origen y uso de los audios y que el caso se restrinja a pruebas obtenidas respetando plenamente los derechos fundamentales.
La decisión corresponde ahora al magistrado instructor, quien debe evaluar si estas grabaciones cumplen con la legalidad y pueden permanecer en el sumario o si, por el contrario, deben ser excluidas, lo que supondría un cambio significativo en la investigación vinculada a Leire Díez y su presunto papel en las maniobras contra la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.
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