El juez Pedraz ha abierto una pieza separada de carácter económico en la Audiencia Nacional y ha imputado a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y al abogado Ismael Oliver. La investigación busca determinar si se creó una red destinada a obstaculizar procesos judiciales relacionados con el Gobierno.
MADRID. La pesquisa sobre la supuesta red opaca vinculada al Partido Socialista ha avanzado significativamente en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el seguimiento de una red financiera formada por 81 cuentas corrientes distribuidas en 12 bancos. La prioridad es verificar si esos fondos se utilizaron para pagar a la presunta intermediaria de la trama, Leire Díez.
De las más de 80 cuentas bajo análisis, más de 60 estarían vinculadas directamente al abogado Ismael Oliver, ya sea a título personal o mediante sociedades de su propiedad, como Oliver Gruppe y Estudio Jurídico Oliver & Partners. Además, se incluyen cuentas relacionadas con el histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, el abogado Jacobo Teijelo y la revista Crónica Libre.
Citaciones en la dirección federal de Ferraz previstas para septiembre
El juez ha citado a declarar como investigados el próximo 9 de septiembre a Ana María Fuente Pacheco, directora gerente federal del PSOE, y a Ismael Oliver.
De acuerdo con los informes de la UCO enviados al juzgado, la gerente del partido habría operado bajo las instrucciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán, y a través de Leire Díez para falsificar notas de encargo profesional. Este procedimiento habría servido para canalizar fondos del PSOE hacia despachos jurídicos —limitando la facturación a 4.500 euros mensuales en el caso del bufete de Oliver— para luego transferir esos recursos a Leire Díez.
Investigación sobre la interferencia en procesos judiciales y defensa en el ‘caso Koldo’
Las diligencias buscan determinar si la estructura en cuestión fue creada formalmente para interferir, desviar o dificultar procedimientos judiciales abiertos que implicaban al Ejecutivo o al entorno de la sede central de Ferraz.
Destaca el papel de Ismael Oliver, quien asumió en los primeros momentos la defensa legal de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil sospecha que la designación de esta defensa formaría parte de un plan para monitorizar internamente la estrategia judicial de los principales implicados y controlar la entrega de pruebas a las fuerzas de seguridad.
Para mantener la confidencialidad de la investigación y evitar filtraciones, el juez Pedraz ha decidido que los documentos económicos se custodien en una pieza separada, independiente de la causa principal.
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De acuerdo con los informes de la UCO enviados al juzgado, la gerente del partido habría operado bajo las instrucciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán, y a través de Leire Díez para falsificar notas de encargo profesional. Este procedimiento habría servido para canalizar fondos del PSOE hacia despachos jurídicos —limitando la facturación a 4.500 euros mensuales en el caso del bufete de Oliver— para luego transferir esos recursos a Leire Díez.
Investigación sobre la interferencia en procesos judiciales y defensa en el ‘caso Koldo’
Las diligencias buscan determinar si la estructura en cuestión fue creada formalmente para interferir, desviar o dificultar procedimientos judiciales abiertos que implicaban al Ejecutivo o al entorno de la sede central de Ferraz.
Destaca el papel de Ismael Oliver, quien asumió en los primeros momentos la defensa legal de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil sospecha que la designación de esta defensa formaría parte de un plan para monitorizar internamente la estrategia judicial de los principales implicados y controlar la entrega de pruebas a las fuerzas de seguridad.
Para mantener la confidencialidad de la investigación y evitar filtraciones, el juez Pedraz ha decidido que los documentos económicos se custodien en una pieza separada, independiente de la causa principal.
El juez Pedraz ha abierto una pieza separada de carácter económico en la Audiencia Nacional y ha imputado a Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y al abogado Ismael Oliver. La investigación busca determinar si se creó una red destinada a obstaculizar procesos judiciales relacionados con el Gobierno.
MADRID. La pesquisa sobre la supuesta red opaca vinculada al Partido Socialista ha avanzado significativamente en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz, al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el seguimiento de una red financiera formada por 81 cuentas corrientes distribuidas en 12 bancos. La prioridad es verificar si esos fondos se utilizaron para pagar a la presunta intermediaria de la trama, Leire Díez.
De las más de 80 cuentas bajo análisis, más de 60 estarían vinculadas directamente al abogado Ismael Oliver, ya sea a título personal o mediante sociedades de su propiedad, como Oliver Gruppe y Estudio Jurídico Oliver & Partners. Además, se incluyen cuentas relacionadas con el histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, el abogado Jacobo Teijelo y la revista Crónica Libre.
Citaciones en la dirección federal de Ferraz previstas para septiembre
El juez ha citado a declarar como investigados el próximo 9 de septiembre a Ana María Fuente Pacheco, directora gerente federal del PSOE, y a Ismael Oliver.
De acuerdo con los informes de la UCO enviados al juzgado, la gerente del partido habría operado bajo las instrucciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán, y a través de Leire Díez para falsificar notas de encargo profesional. Este procedimiento habría servido para canalizar fondos del PSOE hacia despachos jurídicos —limitando la facturación a 4.500 euros mensuales en el caso del bufete de Oliver— para luego transferir esos recursos a Leire Díez.
Investigación sobre la interferencia en procesos judiciales y defensa en el ‘caso Koldo’
Las diligencias buscan determinar si la estructura en cuestión fue creada formalmente para interferir, desviar o dificultar procedimientos judiciales abiertos que implicaban al Ejecutivo o al entorno de la sede central de Ferraz.
Destaca el papel de Ismael Oliver, quien asumió en los primeros momentos la defensa legal de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil sospecha que la designación de esta defensa formaría parte de un plan para monitorizar internamente la estrategia judicial de los principales implicados y controlar la entrega de pruebas a las fuerzas de seguridad.
Para mantener la confidencialidad de la investigación y evitar filtraciones, el juez Pedraz ha decidido que los documentos económicos se custodien en una pieza separada, independiente de la causa principal.
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Citaciones en la dirección federal de Ferraz previstas para septiembre
El juez ha citado a declarar como investigados el próximo 9 de septiembre a Ana María Fuente Pacheco, directora gerente federal del PSOE, y a Ismael Oliver.
De acuerdo con los informes de la UCO enviados al juzgado, la gerente del partido habría operado bajo las instrucciones del exsecretario de Organización Santos Cerdán, y a través de Leire Díez para falsificar notas de encargo profesional. Este procedimiento habría servido para canalizar fondos del PSOE hacia despachos jurídicos —limitando la facturación a 4.500 euros mensuales en el caso del bufete de Oliver— para luego transferir esos recursos a Leire Díez.
Investigación sobre la interferencia en procesos judiciales y defensa en el ‘caso Koldo’
Las diligencias buscan determinar si la estructura en cuestión fue creada formalmente para interferir, desviar o dificultar procedimientos judiciales abiertos que implicaban al Ejecutivo o al entorno de la sede central de Ferraz.
Destaca el papel de Ismael Oliver, quien asumió en los primeros momentos la defensa legal de Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro José Luis Ábalos. La Guardia Civil sospecha que la designación de esta defensa formaría parte de un plan para monitorizar internamente la estrategia judicial de los principales implicados y controlar la entrega de pruebas a las fuerzas de seguridad.
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