La investigación conocida como el «caso Mascarillas», que afecta a la Diputación de Almería, ha experimentado un avance tanto en cantidad como en calidad. Un reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entregado al juzgado de instrucción, eleva a 43 el total de personas físicas y jurídicas bajo investigación.
El juez Manuel José Rey Bellot ha convocado a declarar a todos los implicados que aparecen en el documento, el cual incluye a empresarios, representantes legales y exdirectivos políticos destacados, que están siendo investigados por posibles irregularidades en la contratación pública.
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Las tres áreas principales de la trama
La Guardia Civil ha logrado dividir la red de corrupción en tres áreas claves que funcionaban bajo un «plan predefinido»:
- El contrato «Azor» y los sobrecostes: Se refiere a la adjudicación de un contrato de 2 millones de euros para la adquisición de material sanitario en abril de 2020. Según la UCO, se produjo un sobrecoste estimado en un millón de euros, que fue distribuido de manera ilícita entre funcionarios públicos.
- Licitaciones fraudulentas: La red habría manipulado los procesos en las áreas de Fomento y Agricultura para favorecer a ciertas empresas, como Pulconal y O.Y.C., haciendo uso de la influencia del entonces vicepresidente, Óscar Liria.
- Movimientos de dinero en efectivo en la dirección provincial: Se investigan pagos en efectivo que habrían llegado a las máximas autoridades provinciales, con indicios que señalan al expresidente Javier Aureliano García y al exvicepresidente Fernando Giménez.
Blanqueo de capitales y un controvertido viaje a Madrid
El informe policial describe métodos usados para «limpiar» el dinero, mediante la utilización de cuentas bancarias de familiares y comunidades de bienes para introducir fondos de origen desconocido en el sistema financiero legal.
Además, la UCO aporta detalles sobre un viaje a Madrid realizado en junio de 2025 y pagado por la Diputación. Aunque se justificó como una asistencia a una reunión en la FEMP, el seguimiento de cámaras y registros telefónicos demuestra que los implicados no acudieron a la sede oficial, dedicando ese tiempo a actividades personales y compras en el centro de la capital.
Aspecto judicial relevante: Tras analizar los registros telefónicos y las inspecciones, el juez ha decidido agilizar el proceso, convocando urgentemente a declarar a las 43 personas implicadas para esclarecer con detalle el alcance del presunto desvío de fondos públicos.
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