La Guardia Civil ha detectado ingresos por 344.500 euros provenientes de alquileres vacacionales que relacionan el dinero de la macroestafa de Madeira Invest con compras de bienes inmobiliarios.
La investigación sobre la estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC) ha experimentado un avance significativo. Según el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la red encabezada por Álvaro Romillo —quien financió con 100.000 euros en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez— se valía de un negocio paralelo de alquileres turísticos en AirBnB para legitimar fondos obtenidos del fraude.
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El seguimiento de 344.500 euros
Las autoridades han identificado más de cien transferencias efectuadas entre abril y septiembre de 2024 hacia una de las cuentas principales de la red, perteneciente a la empresa Sabrosso LTD. Estas transacciones, que suman casi 344.500 euros, varían desde pequeñas reservas de 57 euros hasta ingresos elevados de hasta 12.000 euros.
Para la UCO, esta dinámica responde a un patrón deliberado. Los investigadores sostienen que la organización criminal explotaba propiedades adquiridas con fondos obtenidos de los inversores estafados. Esta estrategia buscaba:
- Obtener liquidez inmediata.
- Complicar el seguimiento del dinero fragmentando los ingresos a través de clientes internacionales.
- Legalizar capitales al incorporar los fondos al sistema económico mediante una actividad aparentemente lícita.
Una estructura “fantasma” sin empleados
El documento presentado a la Audiencia Nacional evidencia la verdadera naturaleza de la trama. Mientras Romillo aseguraba que su empresa se dedicaba a la compraventa de arte, la UCO no encontró pruebas de esta actividad. En cambio, el 98% de los ingresos analizados en 2023 provenían directamente de las víctimas de la estafa.
Destaca la desproporción entre el volumen de dinero manejado y la estructura operativa. Solo en 2024, una de las cuentas tuvo ingresos que superaron los 106 millones de euros, pese a que la entidad no contaba con empleados registrados en la Seguridad Social.
Colaboración internacional y rol de la banca
Ante estos resultados, la Audiencia Nacional ha solicitado una Orden Europea de Investigación (OEI) a Irlanda, país donde está domiciliada AirBnB, para esclarecer el origen de cada pago y verificar la propiedad de los inmuebles utilizados.
Por otro lado, los representantes legales de las víctimas (Zaballos Abogados) han señalado a la Caixa Geral de Depósitos, principal entidad bancaria en Portugal. Han solicitado al juez que se investigue si el banco incumplió la legislación sobre prevención del blanqueo, al facilitar movimientos millonarios vinculados a la estafa hacia paraísos fiscales y cuentas en el sudeste asiático, donde la red desvió más de 29 millones de euros.
Datos clave de la red:
- 3.000 inversores afectados.
- 180 millones de euros defraudados bajo ofertas de rentabilidad del 50%.
- 26 empresas distribuidas en España, Portugal y Nuevo México (EE. UU.).
El juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado los plazos de instrucción debido a la “excepcional complejidad” de una red que no sólo recibía efectivo con fines políticos, sino que diversificaba sus activos en vehículos de lujo, eventos y apartamentos turísticos para dificultar la detección del fraude.
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