El proceso extraordinario de regularización de migrantes enfrenta la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre con un gran número de expedientes aún sin resolución definitiva. El último dato oficial disponible, difundido el 2 de julio, registraba 1.174.978 solicitudes.
La regularización extraordinaria de migrantes sigue acumulando casos pendientes en vísperas de las elecciones del 29 de noviembre. El Gobierno cesó la actualización pública del informe detallado del proceso el 2 de julio, por lo que no existe una cifra oficial posterior para saber cuántas personas ya cuentan con una resolución definitiva.
En ese último informe, el Ministerio de Inclusión contabilizaba 1.174.978 solicitudes registradas y 609.737 expedientes en tramitación.
De acuerdo con los datos proporcionados, sólo alrededor de 11.000 personas contaban en ese momento con una resolución definitiva. La cantidad de solicitudes superó considerablemente las previsiones iniciales del Gobierno, que estimaba unas 750.000 peticiones.
Despachos especializados en extranjería han intentado evaluar la evolución del proceso basándose en sus propios expedientes. Legalteam, que gestiona más de 5.000 casos, reporta una tasa de admisión a trámite del 65,5% entre sus clientes, mientras que el 27,94% ya habría obtenido una resolución definitiva.
Estos datos no representan un balance oficial del total del proceso, pero los abogados los emplean como referencia para señalar el volumen de expedientes aún sin resolver.
La situación adquiere especial relevancia ante las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre. Plataformas como Regularización Ya han manifestado su inquietud por la cantidad de trámites que podrían quedar pendientes antes de esa fecha.
Los abogados especializados indican, sin embargo, que un posible cambio de Gobierno no debería afectar a los procedimientos ya iniciados según la normativa vigente.
Otro problema relacionado afecta al acceso al empleo. Según la información disponible, algunas empresas muestran reticencia a contratar a personas que sólo poseen permisos provisionales mientras aguardan la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
Además, existe dificultad para conseguir cita para la toma de huellas digital, requisito para obtener la TIE. La saturación del sistema habría propiciado la aparición de intermediarios que revenden citas por importes que oscilan entre 100 y 350 euros.
En Ceuta, ciudad especialmente vinculada a los movimientos migratorios y la gestión de extranjería, el desarrollo de este proceso nacional también es relevante para quienes esperan regularizar definitivamente su situación administrativa.
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