La diferencia tributaria entre el IRPF y el impuesto sobre Sociedades provoca la salida de miles de pequeños negocios, que advierten de una carga fiscal un 17% mayor que la de las pymes.
El sistema fiscal en España está siendo cuestionado tras revelarse un significativo cambio de autónomos que optan por crear sociedades mercantiles. De acuerdo con UPTA, más de 57.000 trabajadores por cuenta propia constituyeron sociedades el pasado año para evitar una carga fiscal que califican de insostenible.
El problema principal radica en la disparidad de tipos impositivos vigentes. Mientras las empresas tributan alrededor del 20% de sus beneficios mediante el impuesto sobre Sociedades, beneficiándose de deducciones, bonificaciones y optimización fiscal, los autónomos afrontan tipos en el IRPF que pueden llegar al 37%, según su nivel de ingresos. Esta diferencia, que alcanza hasta 17 puntos porcentuales, está afectando negativamente la competitividad de los pequeños negocios frente a empresas de mayor tamaño.
Una estructura fiscal desequilibrada
UPTA señala que la normativa vigente no solo perjudica a los pequeños empresarios, sino que también incentiva la economía informal. Muchos trabajadores, al no poder asumir simultáneamente los impuestos y las altas cotizaciones sociales, optan por la vía de la economía sumergida.
La organización critica la gestión de Hacienda, liderada por María Jesús Montero, por su falta de empatía y comprensión respecto a las condiciones de los pequeños negocios, que enfrentan incrementos constantes en costos y márgenes de beneficio reducidos. Según UPTA, muchos autónomos se ven obligados a transformarse en sociedades para poder sobrevivir, ya que esta figura permite deducir gastos estructurales —como suministros, vehículos o amortizaciones— opciones que no tienen en la misma medida quienes operan como autónomos individuales.
El impacto de los costes laborales
La dificultad aumenta cuando el autónomo tiene empleados. En 2025, el coste laboral promedio por trabajador fue de 3.256 euros mensuales. De esta cantidad, el trabajador recibe un salario neto de 2.416 euros, mientras que los 840 euros restantes corresponden a otros gastos, principalmente cotizaciones sociales. Esta carga representa que más de una cuarta parte del coste total por empleado no beneficia directamente al trabajador, lo que añade presión sobre la viabilidad de los pequeños negocios.
Ante esta situación, los autónomos demandan a la administración acciones inmediatas para lograr un reequilibrio fiscal que permita competir en igualdad de condiciones con medianas y grandes empresas, evitando que la actual presión tributaria siga debilitando el sector productivo más vulnerable del país.
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