El Partido Popular presentó este lunes 9 de marzo un conjunto de medidas urgentes dirigidas a mitigar la pérdida de poder adquisitivo de las familias en España. La formación, liderada por Alberto Núñez Feijóo, llevará al Congreso una iniciativa que pretende aliviar la carga fiscal mediante modificaciones en el IRPF y los impuestos indirectos sobre el consumo energético, instando al Ejecutivo de Pedro Sánchez a aprobar estas propuestas en el próximo Consejo de Ministros.
Un plan de choque para el ahorro familiar
La iniciativa del PP se estructura en tres puntos principales que, según sus cálculos, representarían un beneficio económico directo para los hogares. Para un núcleo familiar promedio formado por dos adultos y dos hijos, el partido estima un ahorro aproximado de 75 euros al mes, que equivaldría a casi 900 euros anuales. Las medidas propuestas son:
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- Deducción por hijos: Incrementar al doble la cuantía vigente por hijo a cargo en el IRPF, con el fin de compensar la falta de incremento real en los salarios frente a la inflación.
- IVA de la energía: Establecer el tipo impositivo al 10% para todos los consumidores, sin excepciones.
- Impuesto de generación: Eliminar de forma definitiva el impuesto aplicado a la producción de energía eléctrica para reducir la factura desde su origen.
Críticas a la estrategia comunicativa del Gobierno
Desde el PP afirman que la situación económica de los españoles se agrava notablemente debido al aumento del coste de la energía y al incremento en la recaudación tributaria. Miembros del partido han señalado que el Gobierno se enfoca en campañas comunicativas en lugar de implementar soluciones concretas.
«No es momento para slogans, sino para propuestas. Nuestro lema es: sí a los españoles», destacan desde el entorno de Feijóo, en una referencia irónica hacia las consignas del Ejecutivo en el contexto internacional actual.
El desafío en el Parlamento
El PP buscará ahora el respaldo del resto de grupos parlamentarios para aprobar este «plan de emergencia energética». Insisten en que la actualización de los ingresos de los ciudadanos no puede demorarse y que el Estado debe renunciar a una parte del «exceso de recaudación» generado por el aumento de precios para reintegrarlo directamente a los contribuyentes.
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