MADRID.— Este miércoles, un importante despliegue de la Policía Nacional, formado por quince furgones y alrededor de cincuenta agentes antidisturbios, llevó a cabo el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que durante ocho años había intentado mantener su residencia en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, Madrid.
El operativo judicial y policial se enfrentó a la oposición de aproximadamente 400 activistas y vecinos, convocados por el Sindicato de Inquilinas —de los que cerca de un centenar pernoctaron acampados en el portal—. Tras varias horas de tensión, los agentes rompieron el cordón externo y derribaron la puerta del edificio pasadas las 11:30 horas, empleando gas pimienta para desalojar a decenas de personas que permanecían encadenadas y sentadas a lo largo de los seis tramos de escaleras del inmueble.
Claves de la intervención y conflicto patrimonial:
• Inmueble: Sexto piso en la C/ Alcalde Sainz de Baranda, 46 (Retiro, Madrid).
• Propietario: Empresa Urbagestión SL (rechazó ofertas de mediación y prórrogas).
• Situación legal: Contrato subrogado en dos ocasiones (padre y madre), extremo no permitido por la ley actual.
• Dispositivo: 15 furgones policiales, vía cortada al tráfico desde las 6:00 h y uso de maza y gas pimienta.
• Asistencia social: Samur Social dispondrá plazas de emergencia en residencias para la afectada.
La propiedad, gestionada por Urbagestión SL, rechazó repetidamente las propuestas de negociación presentadas. La empresa demandaba un alquiler mensual de 1.650 euros, cantidad inasequible para Maricarmen con su pensión de 1.350 euros. Fuentes del Ministerio de Vivienda indican que la firma tampoco contestó a las ofertas para adquirir el piso públicamente ni a una propuesta anónima de una escritora que se ofreció a financiar un alquiler vitalicio para la mujer, quien residió en esa vivienda durante 71 años.
La jornada tuvo un fuerte componente político con la asistencia de figuras como la eurodiputada Irene Montero y parlamentarios de Sumar e Izquierda Unida. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificaron la ejecución judicial como «profundamente injusta», a la vez que criticaron la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.
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El operativo judicial y policial se enfrentó a la oposición de aproximadamente 400 activistas y vecinos, convocados por el Sindicato de Inquilinas —de los que cerca de un centenar pernoctaron acampados en el portal—. Tras varias horas de tensión, los agentes rompieron el cordón externo y derribaron la puerta del edificio pasadas las 11:30 horas, empleando gas pimienta para desalojar a decenas de personas que permanecían encadenadas y sentadas a lo largo de los seis tramos de escaleras del inmueble.
Claves de la intervención y conflicto patrimonial:
• Inmueble: Sexto piso en la C/ Alcalde Sainz de Baranda, 46 (Retiro, Madrid).
• Propietario: Empresa Urbagestión SL (rechazó ofertas de mediación y prórrogas).
• Situación legal: Contrato subrogado en dos ocasiones (padre y madre), extremo no permitido por la ley actual.
• Dispositivo: 15 furgones policiales, vía cortada al tráfico desde las 6:00 h y uso de maza y gas pimienta.
• Asistencia social: Samur Social dispondrá plazas de emergencia en residencias para la afectada.
La propiedad, gestionada por Urbagestión SL, rechazó repetidamente las propuestas de negociación presentadas. La empresa demandaba un alquiler mensual de 1.650 euros, cantidad inasequible para Maricarmen con su pensión de 1.350 euros. Fuentes del Ministerio de Vivienda indican que la firma tampoco contestó a las ofertas para adquirir el piso públicamente ni a una propuesta anónima de una escritora que se ofreció a financiar un alquiler vitalicio para la mujer, quien residió en esa vivienda durante 71 años.
La jornada tuvo un fuerte componente político con la asistencia de figuras como la eurodiputada Irene Montero y parlamentarios de Sumar e Izquierda Unida. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificaron la ejecución judicial como «profundamente injusta», a la vez que criticaron la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.
MADRID.— Este miércoles, un importante despliegue de la Policía Nacional, formado por quince furgones y alrededor de cincuenta agentes antidisturbios, llevó a cabo el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que durante ocho años había intentado mantener su residencia en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, Madrid.
El operativo judicial y policial se enfrentó a la oposición de aproximadamente 400 activistas y vecinos, convocados por el Sindicato de Inquilinas —de los que cerca de un centenar pernoctaron acampados en el portal—. Tras varias horas de tensión, los agentes rompieron el cordón externo y derribaron la puerta del edificio pasadas las 11:30 horas, empleando gas pimienta para desalojar a decenas de personas que permanecían encadenadas y sentadas a lo largo de los seis tramos de escaleras del inmueble.
Claves de la intervención y conflicto patrimonial:
• Inmueble: Sexto piso en la C/ Alcalde Sainz de Baranda, 46 (Retiro, Madrid).
• Propietario: Empresa Urbagestión SL (rechazó ofertas de mediación y prórrogas).
• Situación legal: Contrato subrogado en dos ocasiones (padre y madre), extremo no permitido por la ley actual.
• Dispositivo: 15 furgones policiales, vía cortada al tráfico desde las 6:00 h y uso de maza y gas pimienta.
• Asistencia social: Samur Social dispondrá plazas de emergencia en residencias para la afectada.
La propiedad, gestionada por Urbagestión SL, rechazó repetidamente las propuestas de negociación presentadas. La empresa demandaba un alquiler mensual de 1.650 euros, cantidad inasequible para Maricarmen con su pensión de 1.350 euros. Fuentes del Ministerio de Vivienda indican que la firma tampoco contestó a las ofertas para adquirir el piso públicamente ni a una propuesta anónima de una escritora que se ofreció a financiar un alquiler vitalicio para la mujer, quien residió en esa vivienda durante 71 años.
La jornada tuvo un fuerte componente político con la asistencia de figuras como la eurodiputada Irene Montero y parlamentarios de Sumar e Izquierda Unida. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificaron la ejecución judicial como «profundamente injusta», a la vez que criticaron la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.
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El operativo judicial y policial se enfrentó a la oposición de aproximadamente 400 activistas y vecinos, convocados por el Sindicato de Inquilinas —de los que cerca de un centenar pernoctaron acampados en el portal—. Tras varias horas de tensión, los agentes rompieron el cordón externo y derribaron la puerta del edificio pasadas las 11:30 horas, empleando gas pimienta para desalojar a decenas de personas que permanecían encadenadas y sentadas a lo largo de los seis tramos de escaleras del inmueble.
Claves de la intervención y conflicto patrimonial:
• Inmueble: Sexto piso en la C/ Alcalde Sainz de Baranda, 46 (Retiro, Madrid).
• Propietario: Empresa Urbagestión SL (rechazó ofertas de mediación y prórrogas).
• Situación legal: Contrato subrogado en dos ocasiones (padre y madre), extremo no permitido por la ley actual.
• Dispositivo: 15 furgones policiales, vía cortada al tráfico desde las 6:00 h y uso de maza y gas pimienta.
• Asistencia social: Samur Social dispondrá plazas de emergencia en residencias para la afectada.
La propiedad, gestionada por Urbagestión SL, rechazó repetidamente las propuestas de negociación presentadas. La empresa demandaba un alquiler mensual de 1.650 euros, cantidad inasequible para Maricarmen con su pensión de 1.350 euros. Fuentes del Ministerio de Vivienda indican que la firma tampoco contestó a las ofertas para adquirir el piso públicamente ni a una propuesta anónima de una escritora que se ofreció a financiar un alquiler vitalicio para la mujer, quien residió en esa vivienda durante 71 años.
La jornada tuvo un fuerte componente político con la asistencia de figuras como la eurodiputada Irene Montero y parlamentarios de Sumar e Izquierda Unida. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, calificaron la ejecución judicial como «profundamente injusta», a la vez que criticaron la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.
