Un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional sostiene que los 100.000 euros atribuidos a la empresa Cryptospain no habrían sido realmente una donación externa, sino fondos procedentes del propio Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF).
Según el documento, esos fondos se habrían generado a través de los ingresos que Pérez obtiene como influencer y figura mediática, pero canalizados por intermediarios para sortear la limitación legal que impide a un candidato autodonarse más de 50.000 euros en campaña electoral .
La investigación recalca que no existen pruebas concluyentes de financiación ilegal ni de aportaciones de terceros prohibidas por la Ley de Partidos. Por el contrario, los agentes consideran “razonable y muy posible” que la operación fuera un mecanismo irregular de autofinanciación opaca, sin que haya indicios de capital extranjero ni de blanqueo de capitales.
El mismo informe recoge, no obstante, detalles llamativos: por ejemplo, se apunta que cuando Pérez definió como “chofer” a un amigo que lo trasladó en coche hasta un evento privado, esa expresión podría interpretarse como una “prestación de servicios de transporte” susceptible de ser contabilizada como financiación ilegal .
En sus conclusiones, la Policía admite que la investigación ha virado: lejos de destapar una trama de donantes opacos o una red de corrupción financiera, el principal reproche contra el eurodiputado sería haber puesto demasiado dinero propio en su campaña, lo que sí sería también delito.
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