La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha expresado reservas sobre las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez relacionadas con el mercado inmobiliario y los incrementos del salario mínimo. La entidad ha señalado posibles efectos adversos en el empleo y ha evidenciado la carencia de estrategias efectivas para mitigar la crisis habitacional en España.
En su reciente informe, la OCDE destaca las dificultades que persisten en el sector de la vivienda en España y las repercusiones que generan las subidas del salario mínimo. Según el documento, el mercado no logra hacer frente a la creciente demanda, lo que ha ocasionado un aumento de la pobreza relacionada con la vivienda, sobre todo en áreas urbanas y destinos turísticos.
Aunque cerca del 75% de los españoles son propietarios de su vivienda, el alquiler se ha convertido en la alternativa mayoritaria, especialmente para jóvenes y residentes extranjeros. La OCDE apunta que el alquiler social, prometido por el Gobierno, constituye apenas un 3% del parque inmobiliario, una cifra inferior a la media europea y de la OCDE, contribuyendo a que España registre una de las tasas más elevadas de riesgo de pobreza vinculada a la vivienda en la eurozona.
La organización también ha identificado un déficit de aproximadamente 600.000 viviendas en España entre 2022 y 2025, provocado por la inmigración y la formación de nuevos hogares en zonas urbanas y turísticas. Esta situación se agrava por la insuficiente ampliación de la oferta de viviendas, lo que ha incrementado el coste del alquiler, superando la capacidad económica de numerosos hogares con ingresos reducidos.
Sobre el salario mínimo, la OCDE advierte acerca del acelerado ritmo de sus incrementos. Desde 2018, este ha aumentado un 60,9% nominalmente y un 30,2% en términos reales, y se prevé que alcance los 1.184 euros mensuales en 2025. Aunque reconoce que esta medida ha protegido el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos, alerta de que subir los salarios por encima de la inflación y productividad puede afectar negativamente al empleo.
Además, la OCDE cuestiona la eficacia de los topes en los precios de la vivienda implementados por el Gobierno, sugiriendo que podrían no frenar adecuadamente la escalada de precios. También señala que gravar las viviendas vacías para fomentar su alquiler o venta podría tener un efecto limitado.
