El nombramiento de la nueva fiscal general del Estado ha sido acogido con precaución por el Partido Popular y las asociaciones de fiscales con perfil conservador, quienes hasta ahora han evitado realizar ataques directos contra la recién designada. Aunque califican este cambio como un acto de “continuidad”, han soslayado las descalificaciones que habitualmente acompañan la designación de altos cargos del Ministerio Público.
Desde el PP han señalado que mantendrán una actitud de vigilancia respecto a la orientación que tome la Fiscalía, aunque reconocen que no emitirán valoraciones negativas sobre la nueva titular hasta observar sus primeras acciones al frente del organismo. De forma análoga, los fiscales conservadores han adoptado un tono mesurado y aseguran que evaluarán la dirección de la institución antes de ofrecer un juicio más definido.
Esta falta de críticas severas contrasta con episodios recientes donde la elección de la Fiscalía General generó intensas tensiones políticas y corporativas. Este enfoque más comedido proporciona un período de cierta calma para la nueva fiscal general, quien afronta el desafío de afianzar la estabilidad interna y abordar los debates pendientes relacionados con la independencia, los recursos y la modernización del Ministerio Público.
