THINK TANK HISPANIA 1188
“Este Decreto demuestra una vez más, el poco respeto que ustedes le tienen al Ordenamiento Jurídico, a la Cámara, a las Cortes y a los españoles. Y me explicaré; al Ordenamiento Jurídico, porque usted sabe que esta amalgama normativa, lo que provoca es una mala legislación, que cada dos por tres tengan que rectificar; ustedes son capaces de meter en el mismo documento impuesto a la banca, pensiones, impuesto de hidrocarburos, ocupación, transporte, … todo, incluso cosas de dudosa legalidad”. Así comenzaba su brillante intervención el parlamentario D. Juan Bravo Baena, en el reciente debate parlamentario, con ocasión del llamado Decreto Omnibus. En una decisión no habitual, el Gobierno retrocede y racionaliza en parte esa producción normativa.
Ello nos da pie a profundizar sobre el abuso de la figura del Decreto Ley, recurso normativo que dicta el Gobierno, reservado como presupuesto a situaciones extraordinarias o apremiantes, que habiliten la posibilidad de no seguir el procedimiento legislativo ordinario, ni siquiera el de urgencia.
Al terminar la XIV Legislatura, el presidente actual ya era el que había aprobado mayor número de decretos leyes (138), y ahora supera los 145. Llama la atención la comparativa, incluso con los de su espectro ideológico, pues los sucesivos gobiernos de Felipe González, durante 14 años, recurrieron en 129 ocasiones al uso de esta fórmula. La mayoría de las iniciativas legislativas aprobadas desde verano de 2018 (54%), son imposiciones del Ejecutivo.
El primero que firmó el actual presidente fue sobre el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración de RTVE. Que nos expliquen la inaplazable necesidad. En esta espiral se ha llegado a utilizar un Decreto Ley para la exhumación de Franco, y a la paradoja sobre la justificación de la “urgencia apremiante”, hay que añadir que fueron precisamente los regímenes de Primo de Rivera y Franco, los que hicieron del Decreto Ley su forma habitual de legislar, con la ventaja que ellos no tenían necesidad de justificarse para evitar ser tachados de antidemocráticos. Por otra parte, no hay que sorprenderse, pues fueron procedimientos imperativos muy utilizados por el socialfascismo.
No piense el lector que es cuestión simplemente formal. Afecta a la deteriorada calidad de la democracia, genera inseguridad jurídica, minimiza el papel del Parlamento, deja vacío de contenido el artículo 86 de nuestra Constitución, y lo más importante, hurta el debate parlamentario, y de paso el conocimiento y control ciudadano de la actividad pública.
Frederic Bastiat, en su concisa pero embriagadoramente amena e irónica obra La Ley (1850), desgrana la defensa de la propiedad privada y del gobierno limitado, frente al sistema que utiliza la ley para el despojo. Su pensamiento parte de que todos los intereses legítimos suelen ser armónicos, y por tanto la solución es la libertad, mientras los antiliberales consideran los intereses antagónicos y su solución es la coacción. Acepta que determinados intereses se alejan y buscan usurpar la propiedad, pero es precisamente el Estado el que alimenta intereses no armónicos de la sociedad, al ser la ficción mediante la cual muchos aspiran a vivir a costa del prójimo, lo que anima una dinámica de difícil freno entre las dos manos de la política, la que quita bienes y libertades, y la que confiere amablemente ayudas y privilegios.
Frente a ello, F. Bastiat defiende que las personas no necesitamos el impulso coactivo del intervencionismo para actuar, trabajar, cooperar con nuestros semejantes, o cultivar afectos y hacer un mundo mejor. No mucho tiempo después, el imparable crecimiento de todo lo que abominaba, nacionalismo y estatismo, arrebatarían al mundo el camino hacia su libertad, en la vorágine que había de desembocar en la terrible primera mitad del siglo XX.
Para Bastiat, la sociedad es algo sumamente complejo que no admite soluciones mecanicistas. Quizá el ejemplo más conocido sea su “petición de los fabricantes de velas” ante un “desleal” competidor (el Sol), solicitando que las autoridades ordenen cerrar las ventanas para salvar al sector. Al pueblo se le hace creer que el Gobierno tiene medios para hacer recaer la carga en los más ricos. ¡Funesta ilusión!, pues no puede evitarse que se reparta entre todos.
Sobre la cuestión que nos ocupa, se lamentaba Bastiat que la ley no es refugio del oprimido sino arma del opresor, que ha sido pervertida, atacando lo que debía proteger. La ley debe brotar del derecho individual legítimo a la defensa, y también lo es agruparse para ese fin, pero no puede aplicar esa fuerza común para favorecer el egoísmo no inteligente o la falsa filantropía. Añadimos que, hoy día, resulta que lo previsto como extraordinario ha pasado a ser ordinario, y que políticos o lobbies la utilizan sin freno ni reflexión, para algo distinto de salvaguardar derechos básicos (vida, libertad, propiedad), tratando siempre de pasar de la igualdad liberal, ante la ley, a la igualdad socialista, mediante la ley.
Bastiat por tanto vive, mientras haya parlamentarios de altura que hagan inteligible el hecho de que nadie puede desviar el objeto de la ley y los procedimientos, aplicándolos de forma opuesta para lo que estaban concebidos, ni que se conviertan en los más poderosos instrumentos de injusticia.
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