La magistrada determina que hay «evidencias claras» de que Alberto González Amador defraudó a Hacienda por más de 350.000 euros. La Fiscalía pide una condena de 3 años y 9 meses de prisión.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido mantener el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que existen indicios significativos de fraude fiscal y falsificación documental.
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La jueza desestimó el recurso presentado por la defensa, destacando en su auto que se habrían usado facturas falsas para declarar gastos inexistentes con el objetivo de defraudar un total de 350.951 euros a la Agencia Tributaria durante los años 2020 y 2021.
Según el auto judicial, al que tuvo acceso EFE, los indicios se basan en informes de Hacienda y en una amplia documentación recopilada por peritos imparciales, que reflejan una investigación pormenorizada sobre las presuntas irregularidades fiscales cometidas por González Amador y otros cuatro empresarios que también están procesados.
La jueza enfatiza que «se han probado elementos objetivos y subjetivos relacionados con los delitos imputados» y señala que el uso de facturas falsas para deducción de gastos inexistentes constituye una conducta incluida en los delitos de fraude fiscal y falsedad documental.
Por estos hechos, la Fiscalía reclama para González Amador una pena de 3 años y 9 meses de prisión.
Además de este caso principal, el empresario continúa siendo investigado en una causa separada por una posible corrupción relacionada con negocios con la empresa Quirón Prevención. En esta línea, las acusaciones populares ejercidas por Más Madrid y el PSOE sostienen que podría haber efectuado un pago encubierto cercano a medio millón de euros a la esposa de un directivo de dicha empresa, cuestión que también está bajo análisis judicial.
En su resolución, la jueza deniega la solicitud de nuevas diligencias presentada por la defensa, considerándolas «innecesarias» en esta etapa del proceso, y recuerda que podrán ser planteadas durante el juicio. También señala que González Amador se acogió a su derecho a no declarar en febrero y no ha solicitado declarar nuevamente.
La causa continúa abierta y a la espera del juicio, mientras el entorno de la presidenta madrileña sigue en el punto de atención mediática y política.
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