La magistrada investiga la sustitución “preventiva” de 36 metros de vía en el punto exacto del descarrilamiento y otorga cinco días a Adif para identificar a los responsables y al proveedor del material defectuoso.
La pesquisa sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, que el pasado 18 de enero causó la muerte de 46 personas, ha tomado un rumbo decisivo. La jueza encargada del caso ha centrado su atención en las labores de mantenimiento realizadas en el lugar del siniestro y exige a Adif que explique con urgencia por qué se cambió un tramo de carril justo en el kilómetro donde se produjo el accidente.
El tramo crítico de la vía 2
En una providencia a la que ha tenido acceso la Agencia EFE, la jueza se interesa especialmente por el kilómetro 317,264 de la vía 2. Allí se llevó a cabo la sustitución de un carril de 36 metros de longitud, una operación técnica cuyos fundamentos no han sido claramente explicados para la investigación.
El objetivo es esclarecer si dicho reemplazo respondió a un problema estructural conocido con anterioridad y si estas labores influyeron en el accidente fatal.
Determinación de responsabilidades y empresas involucradas
La jueza ha establecido un plazo máximo de cinco días para que Adif proporcione una lista pormenorizada que incluya:
- El proveedor: Identificación de la empresa que suministró el carril que se presume defectuoso.
- Jerarquía directiva: Nombre del director técnico de la empresa mencionada y de los responsables dentro de Adif que autorizaron la sustitución “preventiva”.
- Técnicos involucrados: Identificación de los trabajadores que gestionaron la incidencia y de quienes recomendaron el cambio del carril.
Un elemento clave para esclarecer la tragedia
Esta medida judicial procura determinar si hubo un defecto en la fabricación del acero o si existió una negligencia en la supervisión de la infraestructura. Que se calificara la sustitución como “preventiva” antes del siniestro indica que tanto Adif como el proveedor podrían haber estado al tanto de una anomalía en ese tramo específico.
Con 46 fallecidos, la investigación entra en una etapa más técnica y de responsabilidad institucional, donde se examinan con detenimiento la gestión del operador ferroviario y la calidad de los materiales empleados en la red de alta velocidad.
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