La Iglesia Católica será responsable del pago de indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales, según el convenio alcanzado este jueves entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE). Este acuerdo crea un nuevo sistema de reparación gestionado por el Defensor del Pueblo, dirigido a aquellas personas afectadas para las que la vía judicial ya no está disponible.
El pacto fue firmado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la CEE, Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, se establece un sistema mixto entre Iglesia y Estado que incluye la participación de las víctimas y garantiza que las reparaciones económicas o simbólicas serán costeadas por la Iglesia. Si surge alguna discrepancia, la decisión final corresponderá al Estado.
El proceso prevé que la víctima presente su caso ante una unidad del Ministerio de Justicia, la cual remitirá el expediente a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta unidad formulará una propuesta de resolución y reparación —que puede ser simbólica, restaurativa, espiritual o económica— según lo solicitado por la víctima. La propuesta será examinada por la Comisión Asesora de la Iglesia (CPRIVA). Si ambas partes la aceptan, se considerará definitiva. En caso contrario, se convocará una Comisión Mixta que incluirá asociaciones de víctimas y, si no se alcanza un acuerdo, el Defensor del Pueblo emitirá la decisión final.
La Iglesia está obligada a cumplir con las medidas reparadoras en los plazos estipulados. Si alguna diócesis o entidad religiosa incumple, la responsabilidad recaerá en la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos. Asimismo, el Gobierno ha acordado que las indemnizaciones estarán exentas del impuesto sobre la Renta.
Según la CEE, este acuerdo responde a un compromiso moral más que a una obligación legal y tendrá vigencia limitada: permanecerá activo durante un año, con posibilidad de prórroga por otro año, para casos en los que los delitos hayan prescrito o el agresor haya fallecido.
El Ejecutivo ha calificado este acuerdo como «histórico», destacando que, después de más de veinte años sin firmar un convenio similar con la Iglesia, el ministro Félix Bolaños ha suscrito cuatro acuerdos con la institución en los dos últimos periodos legislativos.
