El proceso judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, prosigue este miércoles en el Tribunal Supremo. Se trata de la penúltima sesión antes de que el acusado brinde su declaración.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que realizaron el registro en su despacho, manifestaron que no lograron acceder a la información del teléfono del fiscal ya que este se encontraba borrado.
Los tres guardias civiles responsables de elaborar los informes sobre el análisis de los dispositivos reconstruyeron algunas comunicaciones utilizando el teléfono móvil de la fiscal provincial Pilar Rodríguez, los registros de llamadas y la actividad del correo electrónico Gmail de García Ortiz. Según señalaron, durante la noche en que se filtraron datos relacionados con el caso de Alberto González Amador, el fiscal general ejercía el control principal en la recopilación de correos, como corresponde a su función.
Las partes acusadoras indican que García Ortiz pudo haber utilizado esos correos para filtrar información, mientras que la defensa sostiene que su propósito era preparar una nota de prensa. Anteriormente, otros agentes explicaron que el volcado de los dispositivos se realizó de forma completa, puesto que no existía la posibilidad de hacerlo de manera parcial.
Tanto la Fiscalía como la defensa han cuestionado la proporcionalidad del registro, buscando anularlo. De dicho procedimiento surgió un informe que atribuía al fiscal general una «participación preeminente» en la filtración investigada. Tras estas declaraciones, será el momento de que García Ortiz exponga su versión de los hechos.
Únete al canal de WhatsApp de Más que al día
Recibe las alertas de última hora directamente en tu móvil.
UNIRME GRATIS AL CANAL
