MADRID / CEUTA — Un informe de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, fechado el 31 de julio, advierte que algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) contribuyeron al «efecto llamada» en redes sociales, difundiendo ejemplos «exitosos» de acceso irregular a Ceuta. Según este documento, al que accedió el diario La Razón, los agentes consideran que la actividad de estas entidades —que supuestamente «informaban» y «motivaban» a los migrantes a «dar el paso»— tuvo influencia en la entrada masiva ocurrida ese mes por la frontera de El Tarajal.
Contexto judicial y elementos destacados en el informe
El informe del Instituto Armado, elaborado horas después del colapso fronterizo de julio, fue entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. La jueza dirige una causa para determinar si aquella entrada multitudinaria constituyó un «ataque contra la integridad de España» o si pudo afectar la paz e independencia del Estado.
Además de la actividad en redes de estas asociaciones, los investigadores señalan otro factor clave en el aumento migratorio: la «rápida difusión» de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló los denominados «rechazos en frontera» en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Diligencias denegadas en Ceuta y registros anteriores
La información del informe coincide en tiempo con otra investigación paralela que se realiza en el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta, centrada en las agresiones sufridas por militares y agentes de seguridad tras la entrada de julio. A comienzos de este mes, la titular de ese juzgado, María Luz Lozano, respaldada por la Fiscalía, negó la solicitud de la asociación Hazte Oír para ampliar las pesquisas sobre las organizaciones que apoyaron a los migrantes durante la crisis.
En concreto, la magistrada rechazó pedir a la Delegación del Gobierno, al Ejecutivo de Ceuta y a los ministerios de Derechos Sociales y de Migraciones información sobre:
- La lista de entidades y voluntarios autorizados para distribuir ayuda en vías públicas y playas.
- Las subvenciones, convenios o contratos de emergencia concedidos a estas organizaciones en los últimos dos años.
- La estructura interna, el financiamiento y los vehículos de asociaciones no registradas en España que operaron en la zona, señalando particularmente a No Name Kitchen.
La jueza fundamentó su negativa en base a los criterios del Ministerio Público, indicando que la querella no especificaba claramente a las personas físicas contra las que se dirigía la acción penal. Sin embargo, el 22 de octubre la Guardia Civil registró las instalaciones de No Name Kitchen en el marco de las diligencias abiertas por el supuesto reparto de sprays de pimienta y armas blancas a migrantes para agredir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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